
La corrupción en Segalmex, la paraestatal creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para brindar el autoabastecimiento alimentario en los cuatro granos básicos de la dieta mexicana, es monumental. En sus primeros dos años de funcionamiento, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por más de 15 mil millones de pesos, el doble del monto de la llamada ‘estafa maestra’, que fue considerada el mayor robo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que sucede en Segalmex es exponencialmente mayor, no solo por la cantidad de dinero sucio, sino porque detrás de estos ilícitos está la mano de la Presidencia de la República.
Las acciones que ha emprendido la Procuraduría General de la República parecen más simulación que acto de justicia, para proteger a quien fue su primer director, Ignacio Ovalle, quien le abrió la puerta a López Obrador de la administración pública federal, y quien ha defendido al Presidente ante el absurdo de limpiarlo moralmente de responsabilidad y culpa con el argumento de que era un “buen hombre” engañado por los priístas. Se trata de una estafa a la opinión pública, por el encubrimiento de quienes callaban cuando robaban dinero público a la empresa que dirigía, y por desconocer que, paralelamente, sus colaboradores extorsionaban a los proveedores, a los que exigían comisiones bajo la disfraz de cuotas.
La parte de estos aportes obligatorios es la menos explorada en el ámbito público, porque los empresarios afectados no quieren hablar aún de la experiencia que han vivido desde el inicio del sexenio. Algunos de ellos fueron donantes en la campaña presidencial de López Obrador que fueron a recibir apoyo de Palacio Nacional, y fueron enviados con Ovalle para convertirse en proveedores de Segalmex. Ovalle los recibió, pero no los atendió –de hecho, nunca quiso firmar nada, sabiendo que podía comprometerlo en el futuro–, pero se los envió a sus subordinados, quienes les pidieron que los sobrefacturaran en un 50 por ciento. la cantidad total de sus productos que recibieron. volvían, según decían algunos en privado. Eran instrucciones, dijeron, de recolectar dinero para “el movimiento”.
Es dinero político que, aunque probablemente no en su totalidad, supuestamente destinado a la causa y al movimiento, salió del erario y provocó alertas de varios colaboradores presidenciales. Uno de ellos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le informó poco después de asumir que la corrupción en Segalmex era alarmante, como había sugerido la ASF, sin que él hiciera nada.
En septiembre del año pasado, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, informó al Presidente sobre las dos primeras denuncias contra nueve probables responsables de irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante 2019 y 2020. Poco después, informó de 38 denuncias presentadas en la Fiscalía. Ministerio Público Federal, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, sin moverse durante medio año.
Las revelaciones de prensa sobre la corrupción en Segalmex comenzaron en 2020, pero Ovalle estuvo protegido por un aura de impunidad, hasta febrero del año pasado, cuando fue reemplazado por Leonel Cota, exgobernador de Baja California Sur y exlíder del PRD -cuando López Obrador aún militaba allí, y que en el actual gobierno se desempeñó como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ovalle no cayó en desgracia y, según un comunicado oficial, el Presidente lo había designado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación.
En el reality de Palacio Nacional, López Obrador no se enteró de lo que iba a pasar con Ovalle. No es algo raro en el Presidente, que tiene un notable desinterés por cualquier tema que no sea electoral. Al enterarse de que Ovalle había sido designado para otro cargo, exigió que se nombrara a Lázaro Cárdenas, su entonces principal asesor. Cárdenas, según dijeron los funcionarios, respondió que en realidad Ovalle no había hecho nada que no le hubiera sido instruido por Palacio Nacional, por lo que, se podría interpretar, no podían abandonarlo sino protegerlo. Y se quedó en el cargo.
Segalmex, por lo que se puede inferir de la información pública hasta el momento, fue una caja en la que ingresó dinero que no se destinó en su totalidad a la compra de granos para los segmentos más marginados del país, sino a ser utilizado, probablemente, con fines políticos. . . En sus dos primeros años de funcionamiento, la ASF detectó irregularidades por 15 mil 300 millones de pesos, duplicando la ‘estafa maestra’, que ascendió a 7 mil 600, por lo que, con pruebas inventadas por la Fiscalía, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social. en el gobierno de Peña Nieto, pasó tres años en la cárcel acusado de desviar millones de dólares del erario.
Bajo la misma lógica con la que actuaron contra Robles, Ovalle debería estar preso, así como la Secretaría de Agricultura, de quien depende Segalmex. Pero no. Lo que hay son órdenes de aprehensión contra 22 personas de muy inferior rango, acusadas de peculado de 15 mil millones de pesos, por el presunto delito de delincuencia organizada, blanqueo de capitales y peculado por la compra simulada de casi 8 mil toneladas de azúcar.
Al mismo tiempo, existe una investigación en Estados Unidos, liderada por el FBI y desencadenada por uno de los correos hackeados en el llamado Fugas de guacamayos, que revela que Segalmex fue utilizada por agentes de inteligencia venezolanos con estrechos contactos con funcionarios del gobierno de López Obrador, para enviar al menos 210.000 toneladas de maíz a cambio de millones de barriles de petróleo, lo que se considera una operación ilegal. Agentes estadounidenses han señalado que los mexicanos actuaron tanto por razones ideológicas -apoyo al régimen de Nicolás Maduro y a la llamada revolución bolivariana- como por corrupción.
Segalmex es un pozo profundo donde se mezcla la corrupción, la extorsión, los objetivos políticos e ideológicos, cuyo desfalco no cesa sino que sigue creciendo cada año. También es una bomba de relojería que está explotando en el corazón de Palacio Nacional.
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