
SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó este martes ante el Congreso la prórroga del estado de emergencia que suspende derechos constitucionales para poder aplicar políticas más duras contra las pandillas.
Las autoridades responsabilizan a las maras o pandillas de la mayor parte de los delitos registrados en los últimos años en el país centroamericano y atribuyen una mejora en la cifras sobre los niveles de violencia.
Los resultados históricos obtenidos en materia de seguridad confirman que vamos por el camino correcto, transformando el país”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud de prórroga por otros 30 días. “Hemos cerrado enero como el mes menos violento”, presumió, reiterando el comunicado oficial sobre la caída de las muertes violentas.
Villatoro advirtió que el régimen de emergencia no terminará hasta que capturan al ultimo pandillero.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos a los derechos humanos, en el marco del estado de excepción en El Salvador que suspende la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a que la asistencia de un abogado.
Además, amplía el plazo de la prisión preventiva de 72 horas a 15 días y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Más de 60 mil pandilleros capturados
El funcionario explicó que han capturado a más de 64 mil personas acusadas de ser pandilleros o colaboradores. De esta, 57 mil tienen prisión provisional decretado por un juez y más de 3.745 personas han sido liberadas porque no se pudo establecer un vínculo real con estas estructuras criminales.
Las entidades de derechos humanos han insistido en denunciar reiteradas irregularidades, entre ellos, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso e incluso la muerte de algunas personas bajo custodia del Estado. En los diez primeros meses del estado de alarma, siete organizaciones defensoras de la derechos humanos Dicen haber recibido 5.564 denuncias por “abuso de poder” por parte de las autoridades y la mayoría se refiere a detenciones arbitrarias.
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La Asamblea Legislativa, con amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registraran 62 homicidios en un solo día, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en un momento.
De acuerdo con la Constitución, el régimen de excepción debe aprobarse por 30 días y puede prorrogarse mientras existan las causas que lo originaron.
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