La semana pasada, EL FINANCIERO informó que la inversión extranjera directa en México alcanzó un récord en el tercer trimestre de 2023 y que, según algunas estimaciones, en lo que va del año este rubro ha tenido un espectacular repunte del 30 por ciento. Esta es una excelente noticia, especialmente porque la integración de las cadenas de producción dentro de América del Norte –o deslocalización cercana– es un fenómeno que, al parecer, se profundizará en los próximos años.
Sin embargo, en este contexto de auge También existe una creciente preocupación por parte de las empresas que se instalan en México, en relación con los riesgos que la difícil situación de inseguridad podría implicar para la integración de las cadenas productivas.
Los grandes armadores y otras industrias orientadas a la exportación no son las más vulnerables a la delincuencia. Lógicamente, las organizaciones criminales suelen extorsionar, en primer lugar, a las víctimas más vulnerables (negocios locales o empresas que operan en localidades aisladas). Aun así, me gustaría destacar tres riesgos que, ante el aumento de deslocalización cercanaadquieren especial relevancia.
El primero de estos riesgos tiene que ver con la extorsión o, en un sentido más amplio, la penetración criminal en las empresas. Aunque las grandes plantas industriales cuentan con sofisticadas medidas de vigilancia, también hay algunos grupos criminales que han desarrollado esquemas de extorsión, robo y fraude extremadamente sofisticados, que pueden generar pérdidas millonarias. En mi experiencia como consultor he conocido casos en los que gigantes industriales han estado a punto de cerrar operaciones debido a este fenómeno. Estas tramas, evidentemente, implican tanto la connivencia de las autoridades locales, del personal de seguridad como de una parte importante del personal local de la planta (generalmente a través de amenazas).
El segundo riesgo tiene que ver con el transporte de insumos y mercancías. En los últimos años, las perturbaciones han sido recurrentes, tanto por episodios temporales de violencia (enfrentamientos y bloqueos de carreteras que duran unas horas o días), como por planes de robos y saqueos. Por ejemplo, al finalizar el sexenio de EPN, los saqueos a trenes en Veracruz y Puebla alcanzaron niveles críticos durante varios meses. Recuperar el control total de las carreteras es una tarea prioritaria si realmente queremos aprovechar todas las oportunidades relacionadas con la deslocalización cercana. Sin embargo, desde la época de la Policía Federal, la entonces División de Seguridad Regional, encargada de los patrullajes viales, era una de las que presentaba mayor corrupción y debilidad institucional. Este problema lo heredó la Guardia Nacional, que también ha tenido entre sus principales debilidades la vigilancia vial.
El tercer riesgo tiene que ver con la seguridad del personal y de la red de proveedores. Sólo en casos excepcionales la mayoría de las grandes multinacionales perciben un impacto directo que les lleva a cerrar o repensar sus inversiones. A menos que una planta haya sido “colonizada” por el crimen (lo cual es un caso extremo, pero no inverosímil), los costos directos probablemente no sean decisivos. Sin embargo, los costos indirectos, la incertidumbre y el simple estrés asociados con tener operaciones en un entorno inseguro son un criterio que puede provocar que algunas empresas eviten invertir en México. En el caso del personal extranjero, ante la incertidumbre y el miedo, algunas empresas optan por poner limitaciones draconianas. Por ejemplo, prohíben a sus empleados salir de noche, incluso en zonas seguras. Obviamente esto genera desgaste y hace menos atractivo mantener o ampliar operaciones en México.
Considerando lo anterior, la sociedad y el sector empresarial deben presionar más a las autoridades locales para que hagan su parte. En el largo plazo, contar con una policía que transmita confianza es el factor que permitirá mantener un entorno seguro y atractivo para las empresas. En este sentido, la comunicación es fundamental. Desafortunadamente, las instituciones de seguridad en México tienen muy mala reputación y muchas empresas evitan a toda costa establecer una relación de trabajo con la policía.
En mi experiencia, cuando realmente existe la voluntad por parte de la autoridad de crear un ambiente seguro y trabajar de la mano con las empresas, pueden ocurrir experiencias muy positivas. Un mecanismo para lograrlo es a través de unidades de “vinculación” o “participación ciudadana” y, en la medida de lo posible, mediante acuerdos para la integración de sistemas privados de videovigilancia con el C5 policial. Estos esquemas generan beneficio mutuo: la empresa tiene un canal de comunicación abierto con policías que ya conoce y que le generan confianza, y la policía tiene un conocimiento más oportuno de los fenómenos criminales que están afectando a las empresas, y puede aprovechar esta información. para el diseño de operaciones.
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