Aplaudo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un régimen de división de poderes como el nuestro, corresponde al Poder Judicial definir y limitar lo que puede hacer el Poder Legislativo de acuerdo a las reglas dictadas por la Constitución.
No, una mayoría en el Congreso no puede hacer lo que quiera, incluso si tiene los votos para hacerlo. Los procedimientos importan.
Como Morena y sus aliados no lograron obtener una mayoría calificada para reformar la Constitución, de repente salió a la luz el famoso Plan B, es decir, modificaciones a leyes secundarias que violaban la Carta Magna. En vía rápida, expresa, sin publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, sin discusión ni dictamen en comisiones, sin deliberación en el Pleno de la Cámara de Diputados, se votaron estos cambios legislativos. Los legisladores ni siquiera se molestaron en votar en el Pleno la renuncia a los trámites normales, considerando las modificaciones como “resolución urgente o evidente”.
Todo mal. Un cerdo.
Es que tenían prisa. Su jefe, el presidente López Obrador, les había ordenado hacerlo lo antes posible. ¡Saca el Plan B para salvar algo de cara de esta manera! En una de esas conseguimos cuatro votos de ministros de la Corte Suprema que nos apoyan y metimos los cambios electorales por la puerta de atrás.
Pues no, señores de la mayoría. Es cierto que tienen los votos para cambiar las leyes. Nadie lo duda. Pero hay un pequeño detalle: Deben cumplir con los procedimientos parlamentarios. Si no las obedecen, la Corte Suprema de Justicia tiene todo el derecho de revisar sus actuaciones y declarar la nulidad de los cambios legislativos en caso de inobservancia.
Una mayoría no tiene derecho a todo porque es una mayoría.
Por el contrario, deben ser muy exigentes con los procedimientos para respetar a las minorías. De eso se trata la democracia liberal: de respetar a las minorías. Las mayorías mañana pueden convertirse en minorías y viceversa. Si una mayoría se comporta como una turba, sin respetar las reglas, justifica pisotearlas en el futuro cuando ya no sean mayoría sino minoría.
La Corte Suprema de Justicia está aquí para defender la Constitución.
La Carta Magna, por ejemplo, otorga a una persona el derecho al debido proceso legal. Aunque es manifiestamente culpable de un delito, si el Estado no respeta ese derecho, la Corte tiene la obligación de ponerlo en libertad.
Nueve de los once ministros de la Corte, incluido Arturo Zaldívar, argumentaron acertadamente que los procedimientos legislativos no son un mero formalismo “pues exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa”.
Vuelvo a este último punto. El Congreso está hecho para deliberar. Tanto en comisiones como en pleno. Las cámaras no son dispositivos de votación automáticos sin ningún reflejo. Las minorías tienen todo el derecho a oponerse ya que sus opiniones queden registradas para la posteridad. La mayoría no puede silenciarlos solo porque tienen prisa por quedar bien con el Ejecutivo. Eso no es democrático sino autoritario.
Es bueno que la Corte exija el cumplimiento de los procedimientos y así defienda a las minorías.
Con la resolución de ayer queda invalidada la primera parte del Plan B del Gobierno en materia electoral. Felicidades a los nueve ministros que votaron así, incluido Arturo Zaldívar, que en esta ocasión, desde mi punto de vista, acertó.
Termino este artículo recordando que hay un ministro que no debería estar votando estos asuntos en la Corte. Me refiero a Yasmín Esquivel quien, según la UNAM, plagió su tesis de licenciatura y, con un mínimo de pudor, debería haberse ido del máximo tribunal judicial del país hace mucho tiempo.
Sin embargo, Esquivel sigue ahí. Ayer votó en contra de la nulidad de las reformas con argumentos ridículos. Dijo, por ejemplo, que es perfectamente democrático que los partidos mayoritarios en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tengan más poder que el Pleno de dicha cámara porque así se organiza mejor el trabajo legislativo. Bajo la misma lógica, entonces deben desaparecer los 500 diputados elegidos por el pueblo de México y sólo nos quedarán los coordinadores parlamentarios de la referida Junta. Que todo se decida allí. Total, para qué queremos tantos diputados.
Patético que Yasmín Esquivel siga en los juzgados. Patéticos sus argumentos para justificar votos para quedar bien con el único apoyo político que la mantiene ahí, que es el presidente López Obrador.
leo zuckerman
Twitter: @leozuckermann
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