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Un nuevo encontronazo se desató este martes por el Plan B, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negara a levantar la suspensión de la reforma electoral, lo que despertó la indignación de la Asesoría Jurídica de la Presidencia alegó. irregularidades
El Asesor Jurídico de la Presidencia consideró que El ministro Alberto Pérez Dayán debió abstenerse de participar en la votación que proponía revocar su propia resolución, lo que deja sin efecto las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Coahuila.
“Es una cuestión de ética judicial que el ministro Pérez Dayán no observó, ya que, siendo juez y parte, estaba obligado a excusarse por no participar en la votación de un asunto en el que proponía revocar su resolución, en de conformidad con el artículo 126, fracciones XVI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, dijo en un comunicado.
Al mismo tiempo, acusó que la decisión de mantener la suspensión del llamado Plan B “exhibe el sesgo y el criterio obviamente político, no legal, con el que se conducen algunos miembros del alto tribunal”, ya que la ley prohíbe a los jueces, magistrados y ministros intervenir en los asuntos en que ellos mismos hayan participado o dictado.
Además, el consejo “salpicó” al ministro Laynez Potisek, al asegurar que “contrario a sus propios precedentes, ahora ya no
considera que la suspensión de las reglas generales constituye una prohibición expresa que no da lugar a interpretación alguna”.
Por todo ello, el consejo consideró que “la ley dejó de ser ley para algunos ministros” y subrayó que los miembros de la Corte tienen la obligación de actuar con imparcialidad,
“Si los jueces no cumplen con este principio, no habrá justicia”, agregó y advirtió que “dependerá de que conserven o pierdan su legitimidad”.
Y es que este martes, tres de los cinco ministros de la segunda sala de la SCJN rechazaron el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en el que proponía revocar la suspensión de la reforma electoral para que se aplicara en los estados del país que este año tienen elecciones.
El proyecto fue presentado luego de que la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República presentara un recurso de reclamación contra la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán en febrero pasado por lo que el llamado Plan B quedará sin efecto en los procesos electorales de este 2023.
Los únicos que defendieron la aplicación de la reforma electoral fueron los ministros Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel, mientras que Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez votaron en contra de la propuesta.
De esta forma, el proyecto deberá ser devuelto al ministro, Javier Laynez Potisek, con el objeto de votar con el criterio de la mayoría en una próxima sesión.
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