CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal de la Ciudad de México concedió ayer la primera suspensión provisional que protege a una empresa de todos los efectos de la reforma minera, impulsada por el Gobierno y publicada el pasado 8 de mayo; Se llama Cobre del Mayo y opera en el sureste de Sonora.
Lo anterior, en el contexto de una ofensiva legal en el sector, por la cual jueces federales de la CDMX, Durango, Zacatecas, Sonora y Chihuahua, recibieron entre lunes y martes al menos 53 juicios de amparo para impugnar dicha reforma.
Gabriel Regis, juez décimo sexto de distrito en lo Contencioso Administrativo, concedió suspensión a la empresa Cobre del Mayo en los siguientes términos:
Se concede la suspensión provisional, a los efectos de no aplicar ninguna de las disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Minería, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio y Protección Ecológicos. al Medio Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones mineras y hidráulicas”.
EN UNA SEMANA EL JUEZ FEDERAL DECIDIRÁ LA PROTECCIÓN DEL MINERO
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis, otorgó a la empresa Cobre del Mayo la primera suspensión provisional contra todos los efectos de la Ley de Minería, aprobada por Morena y sus aliados en sesión del so- llamado “Viernes negro”celebrado abril.
Será la próxima semana cuando la autoridad judicial determine si otorgará la suspensión definitiva a la referida empresa en contra de la legislación aprobada por los diputados.
A principios de junio, la empresa First Majestic Plata SA de C. V obtuvo la primera suspensión provisional contra la aplicación parcial de la Ley de Minería.
La medida cautelar se otorgó en el sentido de que no se aplica el tercer párrafo del artículo quinto transitorio del decreto, para que su solicitud de concesión no sea rechazada por la sola entrada en vigencia de la norma.
Cobre del Mayo, una subsidiaria de la firma mexicano-canadiense Invecture, opera la mina Piedras Verdes en el sureste de Sonora.
La reforma reduce la vigencia de las concesiones de 50 a 30 años, establece la licitación como único método para otorgarlas, exige consultas previas con comunidades indígenas que deben ser “remuneradas” con el 5% del proyecto, multiplica delitos, infracciones y obligaciones ambientales , exige la obtención de concesiones especiales para el uso del agua, y otorga trato preferencial a paraestatales como la recién creada Litio para México.
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