En los últimos días, México ha estado en el centro de la discusión en varios sectores de Estados Unidos. Algunos han criticado el plan B de la reforma electoral porque, desde su perspectiva, disminuye las capacidades operativas del INE y esto afecta los procesos democráticos en México.
Asimismo, algunos funcionarios del país vecino han solicitado que los cárteles mexicanos de la droga sean considerados grupos terroristas por el tráfico de fentanilo, que ha causado la muerte de más de 100 mil ciudadanos por consumir esa droga.
La situación empeoró el fin de semana pasado cuando cuatro estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros. Dos de ellos fueron rescatados, pero los otros dos fueron asesinados. El evento aumentó las voces que pedían la intervención del ejército estadounidense para combatir a los grupos criminales en México.
Tras las críticas a la democracia en México, el presidente López Obrador y algunos sectores de la opinión pública exigieron la no intervención en los asuntos internos del país. Sin embargo, el gobierno mexicano ha firmado instrumentos internacionales para la promoción de la democracia. Por ejemplo, México aceptó la Carta Democrática de la OEA. Por lo tanto, ese organismo regional puede hacer observaciones al país en materia democrática sin que ello implique injerencia. Asimismo, un ciudadano mexicano podría presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si considera que una ley viola sus derechos políticos. Una resolución de ese organismo sería obligatoria para el gobierno mexicano.
Además, México ha firmado tratados de libre comercio donde implícita o explícitamente se ha comprometido a respetar la democracia, como el T-MEC o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Esto no significa que estos acuerdos permitan explícitamente el derecho a intervenir en México, pero sí los faculta para emitir opiniones sobre el tema. Por lo tanto, exigir que los actores externos no tengan una opinión sobre la democracia en México podría ser un retroceso en los avances que ha tenido este país en su proceso de apertura democrática.
En cuanto al tema del narcotráfico, es poco probable que Estados Unidos decida enviar sus tropas al territorio de México para combatir a los cárteles. Pero en todo caso, seguirá habiendo voces que exigen un mayor involucramiento de la administración Biden en el tema. Se sabe que estos discursos son particularmente útiles cuando hay procesos electorales cerrados en el país vecino. Lo previsible es que México reciba mayor presión externa para combatir con mayor eficacia al crimen organizado. El hecho implica que el gobierno de López Obrador accede a colaborar más de cerca con las agencias estadounidenses encargadas de prevenir el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. Asimismo, la administración de AMLO deberá modificar la estrategia para ser más exitosa en su política de contrarrestar el fenómeno y generar escenarios que reflejen un mayor nivel de seguridad en el país.
El tema del narcotráfico y su consecuente violencia afecta especialmente a los estados fronterizos del norte de México. Es importante que ambos gobiernos -en sus tres niveles- establezcan esquemas de cooperación binacional para combatir de manera efectiva el narcotráfico y reducir los niveles de violencia que se generan en la zona. Esta colaboración no significa necesariamente una transferencia de la soberanía de México. Para realmente tener éxito en esta lucha, es necesario “compartir” la soberanía. Solo así será posible reducir la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México.
El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es doctor en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACyT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es presidente del Centro de Enseñanza y Análisis de la Política Exterior de México (CESPEM).
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