Una de las iniciativas que, al finalizar el año y el período de sesiones del Congreso, está pendiente de pronunciarse, propone despojar a la COFECE y al IFT de la facultad de presentar denuncias por delitos de competencia económica. El asunto no es menor, si consideramos los múltiples efectos que implicaría la reforma. Para entender la posición detrás de esta reforma, uno no tiene que ir demasiado lejos. Derivado de la falta de designación de comisionados por parte del Presidente de la República a lo largo del sexenio, ambos reguladores entraron en una etapa de semiparálisis al no contar con los asesores suficientes para tomar decisiones en asuntos relevantes que son materia del pleno. .
Lo más llamativo de la situación es que, si bien hemos sido testigos de la indiferencia, o incluso del abierto rechazo del titular del Ejecutivo hacia los órganos autónomos, en los casos de la COFECE y el IFT, debería ocurrir precisamente lo contrario. En cuanto al primero, su participación como supervisor de concentraciones y prácticas monopólicas se considera crítica para el buen funcionamiento de los mercados. En el caso de las concentraciones, lo que se impide es que, mediante compras, fusiones, adquisiciones, adquisiciones hostiles y otros actos societarios, determinadas sociedades dominantes pasen a controlar determinadas líneas de actividad económica, hasta el punto de que la imposición de condiciones a los consumidores sea un consecuencia natural de su posición de control.
El caso de las prácticas monopólicas no es menos relevante. Al revisar la lista de conductas sujetas a restricción, sólo podemos reconocer la urgencia de operar al más alto nivel los controles previstos por la ley para este tipo de casos, entre otros, los acuerdos entre competidores para fijar o aumentar precios así como los que se celebren dividir mercados o aceptar participar en licitaciones; ventas atadas, depredación de precios, establecimiento de barreras injustificadas a los competidores, bloqueo del acceso a insumos esenciales, trato injusto y muchas más igualmente graves.
La iniciativa que hoy se propone podría redondear el plan de que, si estos institutos no pueden ser eliminados de plano, al menos se los puede volver irrelevantes suprimiendo su autonomía y capacidad de gestión. En efecto, si la consecuencia de la reforma es que la facultad de presentar denuncias se transfiere al Ministerio Público, tanto la COFECE como el IFT perderán fuerza. A cambio de ello, el Ejecutivo federal podrá definir quiénes deben y quiénes no iniciar carpetas de investigación por posibles delitos de cuello blanco.
El punto más grave de la iniciativa es que las conductas reguladas por ambas leyes (telecomunicaciones y competencia) requieren un alto grado de especialización para ser resueltas. Saliendo del ámbito exclusivo de ambas organizaciones, la decisión de enjuiciar a los posibles imputados queda en manos de una fiscalía que puede eliminar el filtro y abrir espacio para investigaciones que no estén precedidas por revisiones específicas de los datos. Algo que parece gustar a muchos en los últimos tiempos.
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