MÉXICO.- Un grupo de académicos encabezado por Alejandro Trelles de la Universidad Brandeis, Eric Magar del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Micah Altman del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Michael McDonald de la Universidad de Florida, presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El propósito de la escritura es dotar a los jueces de elementos para el análisis constitucional de las reformas político-electorales y así poder declarar su nulidad. La intención de los firmantes es colaborar en el proceso de análisis y argumentación sobre este tema de interés nacional.
Quienes suscribimos este pronunciamiento encontramos en las recientes reformas electorales una grave amenaza para la celebración de elecciones limpias y justas, que son la base del procedimiento político elemental de toda sociedad libre, plural y democrática”, advirtieron.
El documento señala que los cambios en la estructura administrativa y presupuestaria contemplados en dichas reformas podrían menoscabar la capacidad del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo con éxito estos procesos.
Argumentan que la independencia administrativa debe seguir siendo independiente e imparcial
Recalcaron que es fundamental que la autoridad electoral mantenga su independencia administrativa, presupuestaria y profesional, libre de cualquier interés político, legislativo o partidista.
Cuando los órganos electorales no cuentan con plena independencia en estas áreas, los procesos de delimitación electoral son susceptibles de altos niveles de politización y sesgo a favor de intereses partidistas”, señalaron.
Entre los puntos a considerar para mantener la autonomía de la autoridad electoral es que ésta tenga Recursos presupuestarios suficientes, permanentes y libres de manipulación por parte de actores políticos o representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativoa fin de contar con personal técnico especializado y permanente capaz de manejar niveles complejos de información, servir de enlace con otras instituciones, canalizar información pública, operar sistemas internos y mantener un registro institucional.
En segundo lugar, debe tener independencia de cualquier influencia, manipulación o veto legislativo en relación con la cartografía electoral que haya sido refrendado por el órgano electoral.
Otro punto es el transparencia práctica, disponible para el público, de manera oportuna y a través de un medio accesiblepara que los ciudadanos mexicanos cuenten con la información relevante para el proceso de redistribución de distritos.
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