El presupuesto participativo -la posibilidad de que los ciudadanos participen en la decisión de cómo se gastará un porcentaje del presupuesto anual de su comunidad- tiene más de 30 años de tradición. El primer ejercicio se inició en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en 1989 y desde entonces la práctica se ha extendido a otras ciudades de América Latina y Europa.
Según Egon Montecinos, existen más de tres mil experiencias de presupuesto participativo en el planeta, aunque estas se realizan con diferentes diseños institucionales. En la mayoría de los modelos, el gobierno local es el encargado de organizar la sesión consultiva y deliberativa, a través de los líderes comunitarios. De igual manera, los gobiernos locales son quienes ejecutan las propuestas, en algunos casos con acompañamiento ciudadano.
El objetivo de este mecanismo, originalmente, era desarrollar una ciudadanía más participativa y generar mayor confianza en los gobiernos locales. En algunos casos exitosos (por ejemplo, en algunos municipios de Brasil, España o Italia), el presupuesto participativo parece haber logrado estos objetivos. Sin embargo, en muchos otros, los ejercicios no han despertado el interés público.
En este sentido, habría que preguntarse por qué los porcentajes de participación no son abrumadores si los resultados del presupuesto participativo pueden ser tangibles a corto plazo. Las posibles respuestas pueden ser que: 1) tienden a generar una relación de clientela, 2) los resultados pueden ser utilizados para la promoción partidista, 3) requieren una gran voluntad política de los gobiernos locales, 4) falta información entre los menos ciudadanos participativos. , 5) puede intervenir la corrupción y con ella el desencanto ciudadano y 6) hay un descontento generalizado de los ciudadanos con la democracia.
La Ciudad de México cuenta con un modelo de presupuesto participativo enmarcado en una nueva ley de participación ciudadana que data de 2019. Esta ley busca combatir algunas de las malas prácticas con la participación ciudadana en más etapas del proceso (por ejemplo, desde comités de ejecución y seguimiento de las proyectos ganadores) y garantizar su calidad asignando la organización del proceso a un organismo autónomo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Aún así, existen áreas de oportunidad en el modelo Chilango, pues denuncias ciudadanas advierten que, en ocasiones, existen irregularidades en el proceso de implementación de los proyectos ganadores por parte de los municipios. También falta información sobre el ejercicio consultivo, de comunicación con las alcaldías en el proceso de ejecución y seguimiento e, incluso, existen problemas de mantenimiento de proyectos implementados en años anteriores. En la Ciudad de México estos pueden ser factores que desincentivan la participación ciudadana, que ha llegado a un máximo del 4% de la Lista Nominal de Electores.
La buena noticia es que es posible seguir perfeccionando el presupuesto participativo de la Ciudad de México si se implementan las reformas necesarias para proteger este ejercicio ciudadano de las malas prácticas. La mala noticia es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha visto amenazada su estructura y presupuesto por reformas electorales locales y nacionales que lo distraen de su objetivo central, que es organizar elecciones y mecanismos de participación ciudadana de primer nivel, y seguir construyendo una comunidad bien informada.
En 2023, el IECM organizará su undécima consulta de presupuesto participativo, lo que será un desafío importante dada la situación actual de incertidumbre institucional. Esperemos que en lugar de contratiempos podamos tener los diálogos necesarios para seguir mejorando este ejercicio que ha puesto a la Ciudad de México a la vanguardia a nivel regional.
El autor es investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.
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