CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada morenista Laura Imelda Pérez Segura propone una iniciativa, en la que se impone una pena de cinco a ocho años de prisión y multa de quinientos a mil quinientos días multa a los servidores públicos que no inicien una investigación como probable feminicidio o entorpecer o entorpecer la procuración o administración de la debida justicia en cualquier caso de esta naturaleza.
Destaca que si filtran información o alguna prueba, también serán sancionados:
También establece que si un servidor público filtra información, fotos, videos o pruebas de la investigación, se impondrá la misma pena y será sobreseído e inhabilitado de cinco a diez años.
“La violencia feminicida se ha recrudecido, por lo que necesitamos que las circunstancias y comportamientos de nuestro actual contexto social sean considerados en el marco legal de nuestro país”, dijo.
Agregó que la propuesta se basa en el análisis de la tipificación del feminicidio que han realizado los Congresos locales en todas las entidades federativas para que las modificaciones propuestas en la iniciativa sirvan de guía para enunciar, de manera unificada, los elementos circunstanciales que permitan acreditar la existencia o no del delito de feminicidio.
Busca eliminar las barreras legales y centrarse en la investigación:
Señaló que “el feminicidio es considerado un delito que atenta contra la vida, la dignidad, la seguridad, la libertad y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres mexicanas, por lo que con esta iniciativa buscamos eliminar las barreras legales y promover la investigación con perspectiva de género”. a favor de la verdad ¡Por una vida libre de violencia para todos!”.
Algunas de las modificaciones más importantes son la eliminación de obstáculos:
Entre las modificaciones propuestas se encuentran incluir a todas las mujeres en su diversidad y etapas de la vida y agregar circunstancias específicas que faciliten la identificación de razones de género y eliminen obstáculos en la investigación de casos de feminicidio; que existan antecedentes de violencia de género, denunciada o no; que la víctima se haya encontrado en estado de indefensión o vulnerabilidad real frente al sujeto activo y que el cuerpo o restos de la víctima se encuentren ocultos en espacios públicos de libre concurrencia o en algún espacio privado, incluido el domicilio de la víctima, del activo sujeto o cualquier persona relacionada.
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Se busca agravar la pena en los casos de prostitución o explotación de la persona:
Entre los cambios propuestos, también destaca agravar la pena hasta en un tercio si el agresor obliga a la víctima a ejercer la prostitución, la explotación o la trata de personas; o si el delito se comete en presencia de una o más personas con las que la víctima tenga una relación familiar; o si el agresor utiliza su trabajo como conductor de un vehículo de transporte para cometer el delito; o cuando la víctima sea una niña o adolescente; por mencionar algunos.
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