dom. Abr 26th, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se aprobó la ley Plan B de la reforma electoral promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que, entre muchas otras cosas, modificaciones al Ley General de Comunicación Social y el Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En ese sentido, el gobierno de la República publicó este martes el decreto que reforma ambas leyes y establece que “no constituyen propaganda del gobierno las manifestaciones de los servidores públicos que realicen en uso de sus libertad de expresión y en el ejercicio de su funciones publicas.

Tampoco constituye Propaganda Gubernamental la información de interés público realizada por servidores públicos, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de forma gratuita.

Prohibida la promoción de mensajes discriminatorios hacia los servidores públicos

Además, se estipula que los criterios para la aplicación del gasto público en Propaganda del gobierno se ceñirán a la Austeridad Republicanacon medidas que las Entidades Públicas están obligadas a cumplir de conformidad con el ordenamiento jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y administrar los recursos con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad”.

El Decreto especifica que las Entidades Públicas “no podrán reclasificar el gasto público en Comunicación Social en forma distinta a la aprobada en el presupuesto de gastos respectivo, salvo en los casos que sean autorizados por las autoridades correspondientes”.

Queda prohibida la difusión de Campañas de Comunicación Social cuyo contenido esté destinado a resaltar, de forma personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, estigmatizantes, sexistas o contrario a los valores, principios constitucionales y derechos humanos; directa o indirectamente incite al odio, la violencia o conductas contrarias al ordenamiento jurídico; inducir a confusión utilizando los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social.

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