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El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla impulsó una reforma para Código Penal cuales objetivos combatir la impunidad en los casos de extorsión.
El mandatario estatal explicó que esta medida ha resultado en un aumento significativo en las denuncias por este delito, registrando un incremento del 222% en el periodo de enero a junio de este año respecto al mismo periodo de 2022.
Las denuncias aumentan en un año
Según datos oficiales, en números específicos, el número de denuncias pasó de 32 en el primer semestre de 2022 a 103 en el mismo periodo de 2023, lo que equivale a 71 denuncias adicionales. En cuanto a las carpetas de investigación, hubo un aumento del 328%, siendo 30 carpetas de investigación en el actual periodo en contraste con las siete registradas en 2022.
Lo anterior no es todo, además, se informa que desde la entrada en vigor de la reforma en marzo, 10 carpetas han sido procesadas y 19 personas han sido vinculadas a proceso, imponiéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Uruapan frena delitos de extorsión
Ramírez Bedolla destacó que en el municipio de Uruapan se logró frenar a tiempo los intentos de extorsión en la tortilla y transporte público gracias a las denuncias presentadas por el gobierno estatal, y que las investigaciones revelaron que las extorsiones provenían de otros estados, indicando que este delito no conoce fronteras. En relación a los productores de limón, se mencionó que también se presentaron denuncias.
El gobernador destacó que se enfrentan a la impunidad que prevalece desde hace años. La modificación de la Código Penal busca precisamente que los afectados denuncien, y en caso contrario, la gobierno se encargará de hacerlo para garantizar resultados.
código penal da resultados
Ramírez Bedolla Explicó que los resultados positivos son consecuencia directa de la reciente reforma al Código Penal Local. Esta reforma incluye la extorsión en el capítulo relacionado con la seguridad de las personas en lugar de solo dentro de los delitos contra la propiedad, lo que permite la presentación de denuncias de forma anónima.
Cabe señalar que el nuevo tipo penal establece un “acción pública“, lo que significa que cuando la autoridad tenga conocimiento de un posible delito, automáticamente se iniciará la investigación, especialmente cuando se detecten afectaciones a actividades económicas o productivas.
En cuanto a las modificaciones a la ley, Alfredo Ramírez Bedolla dijo que la igualación de la extorsión por el delito de secuestro y un aumento de la pena de 15 a 25 años de prisión, además, la reforma considera la extorsión realizada a través de medios electrónicos o nuevas tecnologías y establece la obligación de los servidores públicos de denuncia inmediata.
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