Con el tiempo es recurrente que cuando bajan las participaciones que reciben los estados y municipios, hay quienes señalan que fue “un recorte” lo que hacen las autoridades del poder central o federal, en nuestro lenguaje cotidiano, cuando de lo que se trata es de un reflejo del Sistema, que varía en función de la recaudación de impuestos a nivel central. Sería útil profundizar en el tema, para entender qué es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Los precedentes son amplios, por ejemplo, en 1953 se promulgó la primera Ley de Coordinación Fiscal; En 1973 nace un nuevo sistema de participaciones ISIM, con el que se coordinan todas las entidades. En 1979 ya estaban los impuestos federales participativos por declaración federal en temas como llantas y cámaras de goma, agua embotellada y refrescos, artículos electrónicos, alfombras y tapetes, vidrios y vidrios. Había una multiplicidad de impuestos estatales y federales.
Así fue como se creó el sistema SNCF, con el fin de reducir las desigualdades regionales, aumentar la eficiencia recaudatoria y los ingresos de los estados y municipios, y facilitar el pago de impuestos a los ciudadanos. Desapareciendo o derogando más de 40 impuestos federales y más de 400 impuestos estatales y municipales.
Adicionalmente, la nueva Ley de Coordinación Fiscal que se crea a partir de 1980 está presidida por un acuerdo de adhesión, mediante el cual los Estados suspenden algunos impuestos federales, los cuales, dado que la Constitución no los prohíbe, podrían implementarse mediante la recepción en canje de acciones, este es un porcentaje de los ingresos federales participantes (RFP).
Hasta 1989, la fórmula para la distribución de acciones presentaba una tendencia inercial, es decir, el estatus que se tenía en la participación por impuestos específicos, sin embargo, estas fórmulas coincidían en defectos, la distribución presentaba una gran inequidad para 26 entidades federativas y para lo mismo, ese año, en prácticamente 12 reuniones del grupo de trabajo de la fórmula de distribución de participación y de la comisión permanente de funcionarios fiscales, se discutieron y aprobaron reformas a la fórmula, eliminando terribles diferencias entre una entidad y otra, siendo el extremo 9 a 1, fórmula impulsada por Oaxaca y aprobada por consenso por el CPFF.
El siguiente cambio ocurrió en 2007 a 2008, donde sugerido por un organismo internacional, las participaciones comenzaron a pagarse con base en la población domiciliada, lo que incluso generó una Controversia Constitucional presentada por la CDMX que no pasó a los tribunales “por no enfocarse en la fondo del problema, solo en la forma”, que contó con dos actores importantes: el principal beneficiario, el Estado de México, que hoy recibe aproximadamente 14%; seguido de CDMX, con más de 8.5%; Veracruz, con 8.2% y Jalisco , 6,6%, este es su porcentaje poblacional.
Desde 2006 se creó el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que operó en momentos en que los ingresos federales caían por debajo de lo estimado. En dos oportunidades cuando se creó el Fondo Mexicano del Petróleo como origen de su participación en la recaudación participativa, la dinámica de incremento del FEIEF ha sido más lenta, por lo que se ha recurrido a él (potenciarlo).
En este momento, el FEIEF ya estaría agotado. Una alternativa es que los Estados utilicen y potencien las facultades recaudatorias que tienen, para fortalecer su trabajo con la UCEF, aprovechando las virtudes del Convenio de Colaboración Administrativa en materia tributaria que tienen con la SHCP y la otra es hacer su política de gasto más eficiente al eliminar el despilfarro, el abuso y la corrupción.
brunodavidpau@yahoo.com.mx
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