dom. Abr 19th, 2026

Una sociedad no puede progresar sin la ayuda del progreso tecnológico y la investigación científica. Incluso antes de la llegada del actual gobierno federal, había un consenso entre los gobernantes de este país, que las decisiones técnicas importantes tendrían que ser puestas en manos de quienes conocen los temas a resolver.

Desde hace varias décadas se llega a la conclusión de que las Secretarías de Estado, por sí solas, no pueden enfrentar con eficacia los enormes problemas que enfrentan en sus diversas áreas de competencia.

Era necesario crear y fortalecer instituciones auxiliares que pudieran utilizar el conocimiento acumulado por la sociedad a través de sus universidades, instituciones académicas y centros de investigación, para plantear políticas públicas basadas en el conocimiento y no en la ideología, procesadas por expertos y con visión. largo plazo y no político.

En el caso del sector salud esto fue aún más evidente. La institución que ha asesorado al Presidente de la República durante muchos sexenios, en materia de salud, ha sido el Consejo de Salubridad General.

Encabezada por la Secretaría de Salud, instituciones como la UNAM, IPN, Anuies, Conacyt, la Academia Mexicana de Pediatría, la Fundación Mexicana de Salud Pública, la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, entre otras.

Sin embargo, todas estas prestigiosas entidades dejarán de formar parte del Consejo de Salubridad General, de acuerdo con un decreto emitido por el Presidente de la República, donde se propone expedir un nuevo reglamento del Consejo.

En su lugar, se integrarán al Consejo los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Armada (Semar) y Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

Con excepción de esta última, no se entiende la inclusión de las demás secretarías cuyo mandato se enmarca en el ámbito de la seguridad nacional.

Esta involución es altamente preocupante, ya que implica no solo la continua militarización del país, sino también el abandono de la racionalidad y el pensamiento científico para determinar las políticas de salud pública.

Este es otro cerco al sistema de salud mexicano, que ya ha sido severamente dañado por decisiones equivocadas. Recordemos hechos como el fracaso del Insabi, la escasez de medicamentos (que afectó a muchos niños con cáncer), la disminución del presupuesto destinado a salud y el pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno.

Todo esto, en su conjunto, representa el mayor daño que se le ha hecho a la salud de los mexicanos en nuestra historia reciente.

La decisión no tiene justificación, ya que el Consejo de Salubridad General ha cumplido satisfactoriamente con su papel. Cabe decir que el citado organismo, en gran medida por su integración, cuenta con un amplio reconocimiento en el sector.

Un ejemplo de ello es la certificación que otorga el CSG a los hospitales privados que cumplen con estrictos estándares, y que gozan de tal solvencia, que por sí sola implica para quienes la obtienen, una inequívoca reputación de calidad.

Lo que hay detrás de esta iniciativa es una concepción autoritaria de la función pública que, por su sinsentido, podría resultar en el deterioro de los indicadores de salud de los mexicanos en las próximas décadas. No debemos permitirlo.

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