El proyecto de reforma votado y aprobado en comisiones por Morena y aliados que sanciona las ofensas contra el Presidente y el jefe de Gobierno, no es nada inocente. No fue casualidad ni ocurrencia repentina de un legislador.
Desde el inicio del sexenio han intentado sancionar la libertad de expresión, e incluso suprimirla, y no han podido.
No fue un acto magnánimo del Presidente decir que vetaría esa ley si fuera aprobada en el pleno. Hay medios de comunicación y periodistas que han defendido el derecho a la libertad de expresión, a pesar de las consecuencias. Y López Obrador ya no cuenta con la sumisión de la mayoría de los ministros de la Corte.
La reforma a la Ley de Imprenta encendería una polémica nacional, con repercusiones internacionales, y al final caería. Era una batalla perdida para el gobierno, por ahora. No tiene condiciones favorables.
Este proyecto de reforma a la Ley de Imprenta fue presentado en febrero del año pasado. Tuvieron 12 meses para pensarlo y sopesarlo. No fue la ocurrencia de un diputado que amaneció mal. Fue votada a favor por los 19 legisladores de la coalición oficialista que integran la comisión.
Ellos son: Félix Durán, Mario Llergo, José Luis Elorza, Mario Carrillo, Elva Vigil, Julieta Ramírez, Karla Rabelo, Martha Arreola, César Hernández, Julio Moreno, Amílcar Sandoval, Ismael Brito, Lilia Aguilar, Maribel Martínez, Gerardo Fernández Noroña, Itzel Domínguez, Sonia Mendoza, José Estefan y R. Domínguez.
Votaron reformar una ley de don Venustiano Carranza, para sancionar a los periodistas que ofendieran a la autoridad.
No es sólo el hecho –en sí grave– de pagar por un insulto u ofensa al Presidente y demás autoridades que fueron puestas en la lista (el jefe de Gobierno, el fiscal general, gobernadores, generales, coroneles, etc.), sino de llevar al tortuoso mundo de los tribunales a periodistas que insultan al Presidente, dar explicaciones, atender nuevas citaciones, pagar abogado.
Y con un Presidente que se ofende por todo…
En enero de 2020, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz, se presentaron ante la Junta de Coordinación Política del Senado con un paquete de 14 reformas constitucionales para restringir libertades.
Ahí, en ese paquete de reformas constitucionales, estaba el proyecto esencial del gobierno de López Obrador: la construcción de una dictadura.
La propuesta pedía incorporar al Código Penal, con pena de prisión de seis meses a seis años, el delito de “la imputación hecha a otro de un hecho verdadero o falso (sic)”.
Mientras se llevaba a cabo el juicio, el acusado estaría detenido en un albergue del gobierno o en una prisión elegida por el régimen.
Hasta la verdad se pretendía castigar con la cárcel.
El fiscal Gertz puede alegar que llevó esta iniciativa al Senado en el marco de su autonomía, porque esas son sus convicciones, y que no consultó al Presidente. Evidentemente no es creíble, pero es un argumento.
¿Y el secretario de Gobernación? Ella reportaba directamente al presidente. Ella era su secretaria. Ella no era autónoma. Y llevó al Senado un proyecto de 14 reformas a la Constitución.
Las reformas contemplaron la legalización del espionaje telefónico en materia electoral y fiscal. Además de extender el arraigo a todos los delitos.
El proyecto de reforma que Sánchez Cordero llevó al Senado para su aprobación legalizó el establecimiento de la tiranía en México: el gobierno, como procurador, tendría la potestad de encarcelar a opositores, críticos, periodistas, abogados, contadores y ciudadanos en general.
Así funciona el sistema en las dictaduras.
Durante la presentación del proyecto de reforma, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, los detuvo por considerar infranqueable un paquete de ese carácter.
Desde entonces, Monreal cayó en desgracia de López Obrador y sus posibilidades de ser candidato presidencial se desvanecieron.
¿Es sorprendente el intento de reactivar la ley de Carranza y endurecer las penas para quienes insulten al Presidente y otras autoridades?
Claro que no, porque el proyecto es la dictadura. Están los votos unánimes de los legisladores de Morena en la Comisión de Gobernación.
La prensa libre, el INE y la Corte son sus blancos para destruir la democracia en México.
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