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Él Director General del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barreraexplicó que el smonitoreo y vigilancia de algunos miembros de la organización, así como de la padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa por el Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Lo ordenó uno de los generales que participa en las mesas de construcción de paz y seguridad que se realizan en Guerrero.
“Uno de los generales dijo que hay actores que hay que seguir vigilados y vigilados: las madres y los padres de los 43 porque toman casetas, bloquean carreteras, son una amenaza para la estabilidad; hablaba de defensores de derechos, víctimas ‘ organizaciones”, expresó en entrevista con Denise Maerker para “Atanco Cabos”.
El defensor de derechos humanos explicó que dicha información fue compartida por otras personas que participan en las mismas mesas. Esto causó sorpresa, y no solo eso, sino que también los dejó “perplejos” por el hecho de que los militares que realizan análisis y diagnósticos de seguridad “puntos rojos” colocan en los primeros lugares de riesgo a las personas defensoras de derechos humanos y a las víctimas en lugar de organizaciones o grupos del crimen organizado.
“Eso nos habla de la colusión o que seguimos manteniendo una visión contrainsurgente y seguimos dañando la vida de las comunidades y la lucha de las víctimas”, dijo.
y es que El sur. Periódico Gurrero divulgó el 15 de marzo un documento filtrado por el grupo Guacamaya de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, en el que se confirma la información que compartió con Tlachinollan en junio de 2022.
El documento describe que el Ejército Mexicano monitoreaba los movimientos sociales y políticos; a los defensores de los derechos humanos; líderes sociales, docentes y políticos; así como víctimas.
Entre ellos se encuentran los padres y madres de los 43, y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG). Algunos de los defensores de derechos humanos fueron el director de Tlachinollan y Vidulfo Rosales, quien es vocero y representante de los familiares de los 43.
El documento advierte que los escuadrones de información tienen la prioridad de reportar cualquier tipo de evento temporal, tales como: bloqueos de vías, tomas de peajes; accidentes viales importantes (derrame de combustible, elevado número de muertos, varios vehículos implicados); accidentes que involucren vehículos militares o aeronaves civiles.
Lo mismo que marchas, mítines o toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre civiles; las jornadas electorales y sus problemas; periodistas y otras personalidades con influencia en la población; migrantes; la escasez de combustible y las movilizaciones que existen por este problema; escuchas clandestinas e información de carácter religioso.
El documento está fechado en febrero de 2019, dos meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República. Aunque en su conferencia matutina del 10 de marzo, el mandatario señaló que durante su gestión no se realizan tareas de espionaje, sino que las instituciones de inteligencia hacen “tareas de investigación”.
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