Desde su nacimiento, el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, ha cumplido con el mandato constitucional de integrar órganos ejecutivos con personas capacitadas para la organización de elecciones auténticas, creíbles y confiables, que logren la permanencia en sus cargos, con base en su desempeño y en constante formación que les ha convertido en piedra angular del INE y, poco a poco, de los institutos electorales locales. Ellos son la principal garantía de profesionalismo a favor de la democracia, sus brazos y piernas, que serán cercenados como efecto directo de la reciente reforma electoral.
En efecto, el nuevo contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que, en ningún caso, las funciones desempeñadas por el personal del INE serán consideradas como trabajo técnico especializado o calificado que implique una excepción a los límites salariales establecidos en la fracción II. del artículo 127 de la Constitución.
Más allá de la discusión sobre las percepciones de los trabajadores de la institución, se debe aclarar que éstos no son los asesores electorales ni los directores ejecutivos, sino el personal que ejecuta todas las tareas que involucran los procesos electorales, las consultas populares, la revocatoria de mandato y tantas otras. actividades. Pese a ello, la modificación legislativa viola el mandato constitucional y sin mayor argumentación considera que dicho personal no realiza labores técnicas especializadas o calificadas, desconociendo tres décadas de superación del servicio civil de carrera electoral más sólido de América Latina.
La reforma ignora la calidad de especialización exigida por la constitución y plenamente demostrada en los hechos. De un plumazo, niega que la esencia del Instituto, como organismo autónomo del Estado Mexicano, requiera de personal capacitado en materia electoral, que domine los temas, áreas y sistemas institucionales que viabilicen procesos electivos con altos niveles. de calidad en nuestro país.
Sabemos que la complejidad que impone la normatividad vigente para organizar un proceso electoral en México justifica la profesionalización de las personas que los organizan. La historia reciente demuestra que las elecciones no se pueden confiar a organismos con funcionarios improvisados. Los resultados más favorables para nuestra democracia se han obtenido con estructuras calificadas en su desempeño.
A contracorriente, la reforma mutila el servicio electoral profesional, ordena la supresión del 84 por ciento de los cargos que lo integran y, de esta forma, anula las garantías de seguridad y certidumbre que este personal ha brindado durante tres décadas en la organización de las elecciones. De acuerdo con los artículos transitorios de la nueva ley, la reducción severa de personal, la compactación de áreas y la adecuación a las normas reglamentarias del INE deberán concluir, a más tardar, en los primeros días de agosto.
Es hora de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restablezcan los principios constitucionales que estructuran nuestro sistema electoral. Son instancias que hoy son objeto de ataques permanentes por parte del presidente quien, olvidando su carácter de jefe de Estado y su responsabilidad de crear las condiciones para la unidad nacional, ha desatado una campaña absurda contra el ministro presidente que genera reacciones sociales irracionales como la los que vimos en el acto desalmado del 18 de marzo.
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