Es posible que quienes ocuparon cargos de decisión en el pasado se pregunten hoy por qué no hicieron lo necesario para fortalecer algunas instituciones o establecer mejor algunos programas o políticas públicas que habían dado resultados. Me hace pensar en esto, por ejemplo, la facultad que tiene el Ejecutivo de modificar sustancialmente el Presupuesto durante el ejercicio fiscal, sin tener que volver al Congreso para la aprobación de las adecuaciones que ejecuta. Quizás esos personajes del pasado se consuelen diciendo que el presidente y sus mayorías legislativas lo habrían barrido todo de todos modos.
La verdad es que casi todos nuestros diseños institucionales partieron de la premisa de que esas supermayorías, de los tiempos del partido hegemónico, no podían volver. Pero lo hicieron. En tal contexto, debemos preguntarnos qué implica la institucionalidad del Estado o la institucionalización del poder. ¿En qué momento del desarrollo político de un país se cruza el umbral en el que las instituciones son más fuertes que las personas; en qué punto son tan vulnerables que vuelan al primer aliento.
Lo menciono porque me preocupa mucho lo que está pasando en materia de salud en el país. México Evalúa ha acumulado evidencia del enorme daño que se le ha infligido al sector salud a lo largo de esta administración, en especial al subsistema que atiende a la población abierta, ese que no logra el derecho a la seguridad social. En este sector, todo cambio que el gobierno federal ha querido impulsar ha terminado en rotundo fracaso. Porque las decisiones se han tomado desde un ámbito ideológico y de venganza, y no desde el espacio de análisis, lo que realmente permite tomar decisiones de política pública.
A través de nuestro análisis trimestral del gasto en salud, hemos verificado que el gobierno federal ha decidido abandonar a los pacientes que padecen enfermedades crónicas en el sistema de salud abierto. La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido que en 2009 y 2020 el gobierno federal dejó de atender nuevos casos. Este hallazgo de la Auditoría se verifica cuando se analiza el destino de los recursos del Fonsabi, instrumento que recibió los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, aportes que fueron calculados con base en estimaciones actuariales, que permitieron asegurar la atención de enfermedades de alto costo, para un número creciente de pacientes.
El fondo actual apenas canaliza recursos a pacientes con enfermedades crónicas. Lo que se observa son movimientos anómalos, que bien pueden constituir un acto de simulación en términos de gasto en salud. Yo explico.
Fonsabi destina una parte importante de sus recursos al gasto corriente del Insabi, hoy extinto, y una parte creciente se devuelve al Fisco sin que tengamos posibilidad de seguir la ruta o destino de esos recursos, en este inexplicable movimiento circular. Porque el punto de partida de los recursos se convierte en el punto de llegada, y lo que queda en medio es un registro ficticio del gasto en salud, ya que no tenemos certeza de que se hayan aplicado a los servicios de salud de la población.
Fonsabi presenta una actividad inusual, pues recibe y retira recursos de una forma que no se había registrado en años anteriores. Una modificación en la Ley General de Salud y en la Ley de Ingresos de la Federación permite retirar recursos del fondo para regresar a la Tesorería de la Federación (Tesofe), una vez que supere un determinado umbral. Y cada vez son más los recursos que vuelven a Tesofe. Ha habido años en los que se envían más recursos de los que se ingresan en el fondo. raro, no?
Puede ser que Fonsabi se haya convertido en una caja chica del gobierno, para sacar de ahí recursos para sus proyectos bandera. Es inquietante pensar que el gasto destinado a la atención de ciertos tipos de cáncer, en la población más necesitada, se haya reasignado a financiar una refinería, que poco o nada nos va a dar (si no destruir).
La ‘ruta circular de la simulación’ es como yo llamaría lo que pasa con los recursos destinados a la salud. Y tiene consecuencias: el resultado de esta simulación se manifiesta en un mayor gasto de bolsillo de los hogares con personas que padecen enfermedades crónicas. Ese gasto puede conducir a, o agravar, una situación de pobreza. Los gastos catastróficos en salud equivalen a que una familia destine más del 30 por ciento de sus ingresos a atender una enfermedad de este tipo. Son gastos, además, que no aseguran la supervivencia de los enfermos graves. No es sólo el dinero, sino también la calidad de la atención.
El próximo paso al debilitamiento del derecho a la salud es la eliminación de las normas oficiales que regulan la atención de estas enfermedades, como el cáncer. El Estado mexicano ha rehuido su obligación de atenderlos económicamente, pero también de regular la forma en que se atienden. Una entrega total.
Con base en lo anterior, es un hecho que en materia de salud, como en tantas otras, no hemos construido la institucionalidad necesaria para hacer intocables algunos derechos. Y es que, ante abrumadoras mayorías, no hay nada que merezca la pena. Porque somos un país con un nivel de desarrollo político en el que las mayorías efímeras son más poderosas que las garantías de los derechos. No logramos garantizarlo contra el liderazgo abusivo. Que quede constancia de lo que no hicimos en el pasado, para que en una nueva ronda, podamos hacerlo mejor.
El autor es director de México Evalúa.
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