La idea de que las personas tienen derechos básicos que deben ser respetados en todo momento y lugar fue consagrada en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (1945) y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Posteriormente (1966) se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a las partes a presentar un informe periódico universal, supervisado por expertos independientes del Comité de Derechos Humanos.
En 1993, en la conferencia de Viena se codificaron una serie de reglas y se nombró un alto comisionado para recibir denuncias. En 2006, se creó el Consejo de Derechos Humanos para tratar situaciones específicas.
Además, se han organizado una Corte Penal Internacional y tribunales regionales de derechos humanos. El latinoamericano tiene 21 países, el europeo con 47 y el africano con 49.
Aunque en teoría los países miembros están obligados a respetar escrupulosamente esos derechos, lo cierto es que los gobiernos muchas veces se extralimitan y es muy difícil ponerlos en orden porque invariablemente exigen respeto a su soberanía.
El derecho de los individuos se confronta con el derecho colectivo a la autodeterminación; la soberanía de los individuos con la de los estados.
Y si las acciones multilaterales son controvertidas porque falta transparencia y consistencia en los criterios aplicados y porque se politizan fácilmente, las políticas unilaterales son mucho más cuestionables.
Los informes anuales del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en otros países siempre son vistos como una pretensión imperial, un intervencionismo impropio. Rara vez cumplen su papel de imponer costes reputacionales. Los gobiernos recalcitrantes rara vez se avergüenzan.
Tampoco han resultado útiles las condiciones (de ayudas, créditos o inversiones) o las sanciones. Mucho menos las intervenciones directas que han agudizado los conflictos internos de otras naciones.
Un caso emblemático
Cuando se dio un golpe militar en Argentina en 1976 (el sexto desde 1930), el gobierno de Gerald Ford lo vio con alivio. Supuso que serviría para recuperar la estabilidad política y económica del país. En los tres años anteriores Argentina había tenido tres gobiernos (Héctor J. Campora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez) y estaba sumida en una guerra civil. Los guerrilleros urbanos de los Montoneros y el ERP llevaron a cabo actos terroristas cada vez más audaces y la Alianza Anticomunista Argentina patrocinada por el gobierno los combatió salvajemente.
El embajador de Estados Unidos, Robert C. Hill (quien estuvo anteriormente en México), consideró “civilizado” el golpe militar porque no hubo derramamiento de sangre. Su optimismo se desvaneció rápidamente. Con el apoyo tácito del Departamento de Estado, la junta militar presidida por Jorge Rafael Videla intensificó la represión. Henry Kissinger se reunió con César Guzzeti, ministro de Relaciones Exteriores, y le dijo: “Lo que tengas que hacer, hazlo rápido”. Se multiplicaron las detenciones ilegales, las torturas y las desapariciones.
El apoyo estadounidense a los gobiernos militares de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay no fue muy diferente. La doctrina de la seguridad nacional fue el paradigma de las relaciones con América Latina durante la Guerra Fría.
Por eso fue sorprendente que, en enero de 1977, al asumir el cargo, Jimmy Carter condenara los abusos de la junta y redujera a la mitad la ayuda militar. Carter pensó que era una gran inconsistencia que su país permitiera violaciones tan flagrantes de los derechos humanos.
Carter nombró a la activista Patricia Derian como Subsecretaria de Derechos Humanos. Amenazada con no permitir la venta de turbinas para una gran hidroeléctrica, la junta militar tuvo que aceptar que escuchara directamente las denuncias de las organizaciones sociales y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preparara un informe detallado, que revelara la magnitud de las los abusos .
Sin embargo, Videla continuó reprimiendo a los disidentes (quizás con más discreción) y lanzó una campaña de relaciones públicas, que incluyó ganar la Copa Mundial de Fútbol.
Siguieron tres juntas militares más y no fue hasta que perdieron la guerra de Malvinas que, desacreditadas, dieron paso a la recuperación de la democracia y al enjuiciamiento de los culpables.
Dos décadas más tarde, Bill Clinton volvió a la política exterior con énfasis en los derechos humanos. Los resultados fueron muy malos porque las presiones fracasaron y quedó claro que en realidad se perseguían objetivos geopolíticos. A Bosnia, Ruanda y Somalia les fue peor después de las intervenciones “humanitarias”.
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