La oposición no puede quedarse atrás en el debate previo a las elecciones de 2024.
Debe encontrar el equilibrio para, por un lado, rechazar las falsedades, ataques y hasta distractores que lanza a diario Palacio Nacional, y por otro, fijar su agenda para que los mexicanos y mexicanas tomen posiciones frente a unas elecciones que básicamente serán un referéndum
Hay que recordar que, efectivamente, el matutino (replicado sin sentido crítico por demasiados medios serios, pero eso es otra discusión) tiene un probado impacto en la opinión pública, pero eso no obliga a la oposición a ser un actor que sólo reacciona ante lo que allí se dice sin fijar sus propios tópicos.
El ejemplo dual más reciente, y sin duda uno de los de mayor trascendencia, es el llamado de Andrés Manuel López Obrador a que se le entreguen mayorías legislativas en las elecciones de 2024 para desgarrar la Constitución con una reforma judicial.
Este llamado ha sido secundado por las cuatro personas señaladas como posibles sucesores de AMLO, y por los numerosos gobernantes del lopezobradorismo. De modo que hay voces que ya hablan de la supuesta idoneidad de entrar ahora a “transformar el Poder Judicial”.
La oposición en el Congreso hizo bien en darle una tranquilidad al senador Ricardo Monreal, quien amenazó con promover un juicio político contra ministros y ministras. Pero la máquina de propaganda con “argumentos liberales” a favor de cambiar la Corte ni siquiera se ha puesto en marcha.
La Corte Suprema, que este año ya paró varias leyes de AMLO, será atacada con todo, desde el más alto poder político en los 13 meses que quedan para las elecciones presidenciales y legislativas un día, y otro también.
¿Cómo van a entrar los partidos de oposición en esta polémica?
López Obrador no escatimará en críticas furtivas a los salarios o condiciones laborales de los integrantes de un poder que, en efecto, en la transición quisieron blindar con una estructura de ingresos y estabilidad que contrastaba con las precarias realidades de muchos segmentos de la población.
Y hay que descontar los defectos e insuficiencias de los poderes judiciales de México (dicho en plural porque es necesario poner en la misma canasta el estatal y el federal, pues AMLO lo hará para maximizar el resentimiento). Descontarlo no significa justificarlo, solo saber que existe.
Nadie subestima la capacidad de la sociedad mexicana para entrar en un debate donde se comparen los modelos judiciales internacionales o sus propios referentes históricos sobre las formas de designación de los operadores de justicia. Pero hay que denunciar que esa no es la intención de Andrés Manuel.
La mejora del Poder Judicial está fuera de sus pretensiones. Insisto en la dificultad de encontrar el término medio: no dejar el campo libre para que triunfe su perniciosa valentía, pero tampoco seguir el trapo que pretende engañar en un debate que ni siquiera es debate.
Ir a por las motivaciones sin caer en la trampa de “discutir” el fondo.
Sus motivaciones son la venganza, porque se le ha impedido reformas inconstitucionales y rotundamente mal hechas, y la toma de un poder como lo ha tomado, anulándolo, la Legislatura. Ese es el tema, no la mejora de la justicia, no los altos salarios.
Desnudando esas motivaciones, recordando, por ejemplo, que AMLO traicionó la promesa que le hizo a la sociedad mexicana el 1 de diciembre de 2018, cuando dijo: “Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo dejará de sea el de los poderes”.
No tiene propuesta, solo sed de poder. Ese es el debate.
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