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La presidencia de México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, acusó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el plan B de AMLO sería “sustituir el Congreso de la Unión” y violar la división de poderes.
“Por tratarse de un poder derivado, sin legitimidad popular, la SCJN no debe restringir las facultades que la norma fundamental otorga al Poder Legislativo para regular el proceso de elaboración de las normas, siempre que sean el resultado de la voluntad mayoritaria de los miembros del Congreso de la Unión, violando así el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre ellos”, acusó en un comunicado.
Y es que el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán propone dejar sin efecto el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, por considerar que no se cumplieron algunas formalidades del trámite legislativo.
Pero la presidencia señala que eso es falso y acusa que el ministro no toma en cuenta el razonamiento presentado por las autoridades demandadas, con lo cual no examina los argumentos de todas las partes y no cumple con un artículo constitucional y otro de la Ley Reglamentaria.
“También es inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, tal como se expresa en el proyecto de sentencia, toda vez que durante la aprobación de las leyes que integran el ‘plan B’ en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió con los requisitos constitucionales , legal, reglamentaria; incluso, con el criterio de la propia SCJN”, agrega el comunicado.
Las leyes antes mencionadas fueron aprobadas ttanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en diciembre de 2022.
Presidencia acusa que el Supremo no resuelve cuestiones en sexenios anteriores
Luego de que la Corte Suprema no acordara discutir primero una demanda contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS) presentada desde 2018, presidencia la acusó de tener dos parámetros diferentes.
“…uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no han querido dictar sentencia), y otro para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que demanda el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”, señala el comunicado.
Si se hubiera discutido primero la demanda contra la LGCS, la discusión sobre el plan B de AMLO se habría postergado.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirán mañana el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, con el que se pretende eliminar la primera parte de la reforma electoral.
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