
Todos los partidos tienen quejas contra el TEPJF, lo cual es normal en un régimen democrático. La Corte llena los espacios que la legislación no define; interpreta la aplicación de las leyes electorales; sanciona diversas infracciones cometidas por partidos, candidatos, dirigentes e individuos. El sistema de justicia electoral fue una demanda que surgió del PAN para buscar una justicia electoral que desplazara la práctica de calificación electoral por colegios electorales, donde se imponía la mayoría y no las razones.
Desde que surgió el Tribunal Electoral, hasta llegar al TEPJF, han pasado varios procesos para mejorar el marco legal electoral. Puede o no estar de acuerdo con sus decisiones, pero sus fallos son definitivos. Por un lado, molesta a la Asamblea Legislativa por intervenir en su vida parlamentaria, ordenando dar cabida a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, cuando no se trata de un tema electoral. Los partidos pretenden que se respete su autoorganización y autodeterminación, lo cual es correcto, siempre y cuando estas facultades se ajusten a las leyes electorales.
Por ejemplo, el TEPJF consideró que los partidos debían tener una instancia interna para resolver los casos de violencia política. Cada parte lo hará como estime conveniente, según su organización y sus jerarquías, pero lo que hace la Corte es hacer cumplir la ley; intervenir en la vida interna de los partidos es otra discusión. Recordemos la elección de 2011-2012, donde se ordenó por ley una cuota de 60/40 en candidaturas. Las partes no cumplieron, alegando que no había mujeres capaces. Al registrar sus fórmulas, el INE las rechazó, por lo que tuvieron que cambiarlas para cumplir con la cuota. Una vez elegida la candidata, muchas renunciaron a su cargo para dejárselo a su sustituto, un hombre. Esto causó indignación, y Mujeres en Plural interpuso una demanda contra las partes en defensa de los derechos políticos de los ciudadanos.
La instrucción 12624 finalizó la simulación. Se estableció una madre sustituta para una propietaria. Las listas multinominales se alternaban en segmentos de cinco con dos del mismo género. Estaba prohibido enviar mujeres a distritos perdedores y por eso el INE elaboró una lista a tal efecto. Se ordenó destinar el 3% del presupuesto de los partidos a la formación de lideresas. Este fallo fue histórico en la protección de los derechos políticos de las mujeres que los partidos se negaron a cumplir.
En 2015, el TEPJF estableció los elementos de acción afirmativa para proteger a los grupos discriminados, con el fin de hacer realidad la igualdad. Con base en la Constitución y la ley contra la discriminación y otras, obligó a los partidos a establecer cuotas para los grupos desfavorecidos. Quizás a los líderes partidistas no les gustó, pero se cumplieron los preceptos legales y constitucionales.
Cuando impulsamos iniciativas para la paridad en todo, iniciativas para mujeres senadoras, también avanzamos en definir y sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género, pero no como causal para cancelar una elección. Tampoco logramos la paridad en presidencias municipales, ni en gobernaciones. Sin embargo, los organismos autónomos, INE y TEPJF, las introdujeron. Hoy hay más gobernadoras y presidentas municipales y se han cancelado elecciones por violencia política, gracias a los pronunciamientos del TEPJF. Sujetos que no están en derecho.
Ante la resistencia de las entidades federativas a uniformar contenidos de igualdad en sus constituciones y leyes, el INE y el TEPJF emitieron criterios para que las OPLE se apegaran a la legislación general y federal y no a la restrictiva local. Así se logró un Congreso más igualitario. Cuando algunos partidos querían hacer de la paridad una cuota del 50% y quitar a las mujeres de las listas plurinominales para que los hombres pudieran ocupar los escaños para tener el 50% completo, la Corte aclaró que la paridad no es un techo, sino un piso, para proteger a las mujeres de siglos de discriminación y que, según el voto emitido, podría ser mayoría en los plenos.
A través de la vía jurisdiccional de mujeres y grupos vulnerables, hemos logrado proteger y promover nuestros derechos políticos y electorales, a través de los principios de progresividad de los Derechos Humanos y sentencias pro persona. Hoy los partidos dicen que serán garantes de la paridad, la no violencia y la acción afirmativa. El panorama ciertamente ha cambiado, pero no hay garantía de que no se introduzcan contratiempos. Si se despoja al TEPJF de facultades de protección de los derechos políticos de los ciudadanos, limitando sus facultades y atribuciones, ¿cómo se van a garantizar nuestros derechos políticos, que son derechos humanos?
Los partidos y algunos legisladores creemos que hay que ponerle límites al Tribunal Electoral, pero desvirtuarlo es quedarnos sin un árbitro que nos defienda. ¿Cómo resolver los conflictos dentro de los partidos? Hay quienes proponen que sea la SCJN quien emita los fallos, pues consideran que los partidos son autónomos en su gestión, pero esta solución, impracticable, no resolverá el problema, porque los partidos son entidades de interés público que representan sociedad en los procesos electorales, pero lo autónomo son los órganos electorales y violarlos es acabar con la imparcialidad, la legalidad y la certeza. Si hay excesos en la actuación de la Corte, el diálogo debe delimitarlos y se puede mejorar el marco legal. Destruir el sistema sin crear alternativas no es la mejor propuesta.
Que la oposición se sume a Morena por una reforma constitucional sin beneficio para la ciudadanía es contradictorio con las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos contra el Plan B que defiende el INE y el TEPJF. Por eso las explicaciones no se corresponden con las demandas de las marchas ciudadanas. El PRD aparentemente se distanció, el PAN ya lo hizo en el Senado. Hay muchas voces en Morena que tampoco apoyan la iniciativa.
Un amigo me comentó: “qué vergüenza andar defendiendo instituciones que tienen como función defender los derechos de los ciudadanos” y tiene razón. Si se vulnera la paridad, los derechos de las minorías, los derechos militantes, no se castiga la violencia política, a quién acudiremos en busca de justicia. El TEPJF quedará prevenido con esta supuesta reforma. Por eso es un retroceso.
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