El martes 14 de noviembre, la Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el proyecto de ley SB4, que convierte el cruce fronterizo de indocumentados en un delito estatal menor y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en Estados Unidos.
Si el extranjero no cumple la orden del juez o tiene antecedentes penales, el delito se vuelve grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
El Gobierno mexicano señaló que “reconoce el derecho soberano de cualquier país a decidir” las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio, pero “expresa respetuosamente su legítimo derecho a proteger los derechos de sus conciudadanos en Estados Unidos, como así como establecer sus propias políticas de admisión a su territorio”.
En ese sentido, dijo, “rechazamos categóricamente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y devolver a territorio mexicano a nacionales o extranjeros”.
México expresó su preocupación por el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de los más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, esto “al fomentar ambientes hostiles que pueden conducir a actos de odio o crímenes contra las comunidades de migrantes”.
Además, reiteró “su rechazo a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de migrantes sin respeto al debido proceso”.
Gobierno de México rechaza aprobación de Ley SB4 en Texas
El Gobierno mexicano expresó su rechazo a medidas antiinmigrantes que buscan frenar el flujo de personas, a través de su criminalización, tras la iniciativa de Ley SB4 aprobado el martes 14 de noviembre por el Congreso del estado de Texas, fronterizo con México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) denunció en un comunicado que estas normas traerán como resultado la separación de familias, discriminación y perfilamiento. racial.
¿Cómo procederá la SRE con la Ley SB4 de Texas?
Ante esto, la Cancillería instruyó a las 11 representaciones consulares en Texas, entre otras medidas, a incrementar sus reuniones con autoridades aliadas, legisladores y grupos de derechos civiles para reforzar su presencia en el estado.
Además de realizar jornadas informativas, ofrecer asesoría jurídica y migratoria gratuita y fortalecer vínculos con la comunidad mexicana.
El Gobierno de México dijo que mantendrá sus esfuerzos con el de Estados Unidos para responder a los fenómenos migratorios, mientras que el SERa través de la red de consulados en Texas, “estará atenta para responder ante cualquier violación por parte de las autoridades y explorará apoyar litigios estratégicos para salvaguardar sus derechos humanos”.
En distintas ocasiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su desacuerdo este año con las medidas antiinmigrantes del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del gobernador de Florida, el candidato presidencial republicano Ron DeSantis, mientras ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su política migratoria.
Con información de EFE.
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