mié. Abr 29th, 2026

Este año empezó intenso y seguirá así. Más allá de los imprevistos que se presenten, es posible anticipar una agenda pública complicada, al menos en los siguientes frentes.

En el ámbito electoral, se ha anunciado la aprobación y publicación de una reforma electoral regresiva en todos sus aspectos. Una reforma que pone en riesgo las instituciones que permitieron la transición a la democracia y, con ello, amenaza nuestro derecho político —que es un derecho humano— al voto.

El concejal Ciro Murayama ya denunció el primer golpe a la equidad en la competencia política desde la Ley de Comunicación Social. Pero lo que sigue también amenazará la independencia, autonomía e imparcialidad de la autoridad encargada de organizar las elecciones. Con la destitución del secretario ejecutivo, la destitución del 85 por ciento del personal del servicio electoral profesional, la desaparición de los organismos desconcentrados en todo el país, la cancelación de fideicomisos, entre otras tonterías, se pone en vilo a las elecciones nacionales del próximo año. Lo afirmo sin retórica.

Por eso es previsible que contra esta reforma legal lloverán los recursos legales. A través de acciones y controversias constitucionales, amparo (cuyo origen es discutible) y juicios para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, diversos actores acudirán al Poder Judicial. No es difícil anticipar el ambiente de tensión y presión política en el que los jueces deberán dictar sus sentencias. Serán meses litigiosos de inseguridad jurídica. Y el proceso electoral comenzará inevitablemente en septiembre de este año.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará esta situación en un momento muy difícil. La presidencia de la ministra Norma Piña acaba de comenzar y ya está teniendo que superar un escándalo que ha dañado significativamente el prestigio de la corte constitucional. El plagio de la tesis de grado de la ministra Esquivel y su renuencia a reconocerla y en consecuencia renunciar a ella, está minando a la Corte ante la opinión pública. Basta leer el comunicado del Consejo General de la Abogacía Mexicana y de las tres principales asociaciones jurídicas del país para medir la gravedad del daño. Hasta ahora el presidente y el pleno de la SCJN han guardado silencio, pero no podrán hacerlo por mucho tiempo. Recuperar la estima pública perdida es una condición necesaria para superar los desafíos legales que les esperan. No sólo en materia electoral sino también en materia de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas.

El escándalo del plagio también ha puesto a la UNAM en una situación difícil. Si bien las autoridades de la universidad más importante del país han actuado con rapidez y transparencia, las fallas en su reglamento interno y la interpretación que se le ha dado han llevado a un lío políticamente incorrecto. Resulta que hubo plagio, que la ministra Esquivel sí lo cometió, pero que la universidad no puede declarar nulo el título que le otorgó. Esto conduce a un escenario de impunidad que ha despertado la indignación en la opinión pública. Más allá de las interpretaciones jurídicas, se trata de un escándalo académico que está lastimando el prestigio de la universidad. Ese daño colateral de su acto deshonesto no parece importarle a la ministra que lo niega todo y no se responsabiliza de nada.

Esto sucede en el año en que la Junta de Gobierno de la UNAM elegirá al próximo titular del rectorado. En otras palabras, en el peor momento. Se anticipa que las presiones y desafíos para la autonomía universitaria serán intensos. Para colmo, se prevé una escalada del conflicto entre un importante sector de la academia y el gobierno de la República por la iniciativa de Ley General de las Humanidades, las Ciencias, las Tecnologías y la Innovación presentada ante la Cámara de Diputados en diciembre de 2022 También en este caso, el comunicado publicado por las academias mexicanas de ingeniería, ciencias y medicina es elocuente de lo que está en juego.

En resumen, los meses por venir están cargados de complicaciones para la vida nacional. Afirmar que estará en juego el destino del país es tan obvio como preciso. Pero sostener que lo que está en juego es nuestro sistema democrático, el compromiso con el estado de derecho y el desarrollo social y económico de México no es tan obvio, pero sí igual de acertado.

Por eso creo que este será un año de ansiedad.

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Metro

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