Un gran paso en materia de pensión alimenticia se dio en marzo de 2023 en el Senado de la República. Aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que garanticen el cumplimiento de las pensiones alimenticias de manera aprobada en todo el país y aseguren la protección de los más vulnerables.
Específicamente, se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual concentrará la información de los deudores de alimentos y diversos trámites estarán condicionados a la presentación de un certificado de no inscripción. Esto significa que quien esté ubicado en el Registro no podrá expedir licencias o permisos de conducción, pasaporte, ni trámites realizados ante notario relacionados con la compraventa de inmuebles. No podrá participar como candidato a cargos de elección popular, ni como aspirante a cargos de jueces o magistrados.
Dicho certificado también será requerido en las solicitudes para contraer matrimonio y se prevén medidas de restricción migratoria para evitar que los deudores salgan del país buscando no hacerse cargo.
El objeto de la medida es hacer que “los deudores alimentarios cumplan con su obligación en toda la República Mexicana”. Cabe recordar que la pensión alimenticia es un derecho de las niñas, niños y adolescentes para cubrir sus necesidades de alimentación, educación, vivienda y vestido, atención médica, entre otros rubros y es obligación de los padres brindarles estos beneficios.
De acuerdo con la presidenta de la Primera Comisión de Estudios Legislativos, Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN), en México de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia, lo cual es muy grave.
Dada la relevancia de abordar este problema, el dictamen fue aprobado por unanimidad por 84 senadores de diversas facciones parlamentarias, señalando que la protección de la niñez está por encima de las distinciones partidistas. A su vez, esta reforma abre la posibilidad de que las leyes locales actualicen sus marcos normativos y garanticen estas prerrogativas de protección.
Por su turno, la Senadora Imelda Castro Castro (Morena) señaló que “al modificar el proceso de procedimientos se privilegia el principio del interés superior de los niños y se asegura el cumplimiento efectivo de sus derechos”.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será una herramienta en la que los tres órdenes de gobierno están obligados a mantener una óptima coordinación interinstitucional, por lo que tras su aprobación lo que sigue es vigilar que su implementación sea una realidad.
En el Instituto Temprano reconocemos los esfuerzos legislativos para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. Esta reforma es un avance sustancial en la dotación de uno de los derechos de mayor impacto en la población que lo recibe, pues es la cobertura de sus requerimientos básicos para una vida digna y un crecimiento adecuado.
Annayancy Varas García es directora del Early Institute.
yancy.varas@earlyinstitute.org / @Yancyvaras
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