Este mes de mayo pinta más negro de lo habitual para la industria minera en el País; continuado para las empresas del sector que operan en el Estado y también para el desempeño de la economía sonorense.
La aprobación -aunque con algunos ajustes de última hora- de la iniciativa del presidente López Obrador de reformar la Ley de Minería, ha puesto a la defensiva a inversionistas de Estados Unidos, Canadá y nacionales.
El reparto de utilidades salpicado de amenazas veladas por parte de sindicatos y autoridades estatales, se suma a las preocupaciones que crecen entre los mineros de la entidad.
Hace dos semanas, quienes invierten en la minería en México tenían la esperanza de que la revisión y análisis de la iniciativa de López Obrador se pospusiera hasta septiembre.
El gobernador Alfonso Durazo entró al pleno con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien en principio atendió la propuesta de extender al próximo período de sesiones la aprobación o no de la reforma en cuestión.
La solicitud formal del sonorense -que hizo el lunes 17 de abril- estuvo acompañada del plan de trabajar en el marco de un parlamento abierto para que los que saben de minería aporten todos los argumentos necesarios para darle mayor fuerza a la iniciativa presidencial. . , o todo o contrario.
El sabor del probable retraso duró casi cuatro días, pues en la madrugada del viernes 21 de abril, la bancada de Morena encabezada por el poblano Ignacio Mier, dio a “el madruguete” aprobar por “vía rápida” la cuestionada iniciativa.
Una semana después, el Senado de la República cumplió de principio a fin todos los deseos del presidente mexicano, aprobando “pronto” 20 reformas, entre ellas la Ley de Minería.
¿ESTABILIDAD LABORAL?
El miércoles pasado, cuatro funcionarios del Gobierno del Estado, siete representantes del sector privado y líderes sindicales se reunieron en Coparmex Sonora Norte, organización que preside Gilberto Robles Bustamante.
La razón era que las tres instancias marcaban -como debe ser- la distribución de utilidades o PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa).
Como es sabido, la PTU es un derecho constitucional de los trabajadores que promueve una justa y equitativa distribución de la riqueza generada.
El histórico encuentro estuvo encabezado por el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, quien estuvo acompañado por Francisco Vázquez Valencia, secretario de Trabajo; Margarita Vélez de la Rocha, del Ministerio de Economía; y David Soto Alday, director general del Centro Estatal de Conciliación Laboral.
El sector privado reunió a: Silvia Álvarez Amaya, presidenta de Canacintra Hermosillo; Jesús Gámez García, presidente de Index Sonora; Jorge Aguirre Robles, presidente de CMIC Sonora; Manuel Lira Valenzuela, presidente de Canirac Sonora y vicepresidente nacional de Canirac Zona Norte.
Asimismo, Martín Zalazar Zazueta, vicepresidente de Fecanaco Sonora, Marina Sotomayor, presidenta de Canacope Hermosillo y Juventino Félix Lugo, presidente de Canaco Servytur Hermosillo.
Del sector gremial destacaron: Javier Villarreal Gámez, secretario general de la CTM Sonora y Mariano Castillo de la Isla, presidente de la Confederación Internacional del Trabajo (CIT) -organismo que preside Napoleón “Napito” Gómez Urrutia en el País .
La secretaria del Trabajo Vázquez Valencia destacó que la distribución de utilidades promueve la equidad y la justicia social en las relaciones laborales y aclaró que en caso de incumplimiento las multas serán desde 24 mil 55 pesos hasta 481 mil 100, según la Ley Federal del Trabajo. Trabajo.
El huatabampense precisó que los plazos para la entrega de utilidades son: el 30 de mayo para los trabajadores que laboren con personas jurídicas -en sociedades- y el 29 de junio para los que laboren con personas naturales -en negocios no constituidos como sociedades que sean del Régimen Simplificado de Fideicomiso (Resico)-.
La clave aquí será que el gobierno de Durazo mantenga bajo control a los sindicatos, quienes ante el menor descuido de las empresas (especialmente mineras y manufactureras), convocan a la huelga.
Si los demonios se desatan en la CTM y la CIT -como es costumbre en mayo-, adiós a la supuesta estabilidad laboral que existe en el Estado.
VOLVER AL PASADO
Los amantes del pasado están entusiasmados con el regreso de las huelgas en Unison. Sus impulsores presionan con los habituales movimientos dogmáticos, cuando deberían estar negociando con herramientas de vanguardia, que contribuyen a la competitividad académica.
Javier Villegas Orpinela es magíster del Itesm, economista de la UANL y diplomado de la Universidad del Noroeste. Director de Correos y Telegramas y profesor de Economía en Unison.
jvillegas@correorevista.com
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