Ya se ha extendido el mal ejemplo entre los funcionarios de la 4T y de organismos supuestamente autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de culpar a los medios de comunicación y a las “benditas redes sociales” por la incapacidad que tienen para cumplir con las responsabilidades conferidas. por la Carta Magna.
Entre evasivas, culpabilizaciones y mentiras, la viven los actuales funcionarios públicos, quienes encabezados por el propio presidente, no logran solucionar los problemas más apremiantes que atraviesa México.
Uno de los organismos pilares de la democracia, encargado de velar por los derechos humanos, tiene un jefe que no solo no ha logrado emitir recomendaciones para preservar los derechos fundamentales de los mexicanos, sino que se ha convertido en tropa del titular del Ejecutivo federal.
Al ingresar a San Lázaro para comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rosario Piedra arremetió contra los medios de comunicación, porque, dijo, tergiversan todo: “es una apariencia de lo que ha hecho la Comisión, porque hay mucha distorsión en los medios, y eso es lo que queremos informar con veracidad, no la infodemia que está circulando”.
Advirtió a su llegada al recinto que hablaría sobre la recomendación de la CNDH en materia electoral; “por ejemplo, esa es una de las cosas que voy a denunciar, y muchas otras”.
En momentos en que la defensa de los derechos humanos en el mundo atraviesa momentos cruciales por la invasión rusa a Ucrania, la abrumadora migración, la movilización de miles de desplazados y la imposición de regímenes dictatoriales en nuestro país, la CNDH se destaca por su ausencia en grandes temas como, por ejemplo, la protección de mujeres y niñas o el control de vastas regiones del país por parte del crimen organizado.
La organización internacional Human Rights Watch ha advertido que la administración del presidente López Obrador continúa con la tendencia de sus antecesores de registrar graves violaciones a los derechos humanos, hechos que muchas veces quedan impunes.
Torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género, ataques y asesinatos contra periodistas y defensores de derechos humanos han continuado durante el actual gobierno.
La militarización y ampliación de atribuciones y tareas que ahora tienen las Fuerzas Armadas son también caldo de cultivo para una gran preocupación entre los observadores internacionales sobre lo que sucede en México.
HRW ha puesto el dedo en la herida, en el caso de la atención de la pandemia de Covid-19 por parte del gobierno mexicano, ya que en su momento no aplicó las recomendaciones básicas, incluso emitidas por la Organización Mundial de la Salud.
El resultado, más de 700 mil muertos y que, bueno, parte de ellos se podrían haber evitado. Si, por ejemplo, se había acelerado la compra de vacunas y su aplicación inmediata, o al menos recomendaba en su momento el uso de cubrebocas, en vez de burlarse del tema sugiriendo que con “sellos de santos” era más que suficiente.
Las distintas instituciones de salud del sector público, como el Ministerio de Salud, encabezado por Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell; así como el Insabi, IMSS e ISSSTE, tienen mucho que explicar en cuanto a sus malas decisiones, ineptitud y negligencia en el incumplimiento de sus responsabilidades y que, al menos, la CNDH debió señalar, ya que, aun, las omisiones de los titulares de estas dependencias pertenecían al ámbito penal.
López-Gatell y el ‘secretario Vick Vaporub’, como se le conoce a Alcocer, por recomendar este producto a los niños para curarse del Covid-19, en lugar de vacunarlos de inmediato como sucedió en gran parte del mundo, caminan libremente libres de cualquier acusación, por el momento, mientras, en otros países, han sancionado a los funcionarios de salud que no protegieron a la población.
Si alguien quiere saber acerca de cómo no debe funcionar una organización de derechos humanos, solo tiene que darse un pequeño recorrido por la organización que dirige una Piedra y se dará cuenta de la crisis que vive México en este tema.
Está bien que servidores públicos con un cargo relevante vengan a rendir cuentas ante el Poder Legislativo, está mal que muchos de ellos solo vayan a mentir o culpar a todos, en lugar de reconocer sus limitaciones.
Lo relevante de las comparecencias o reuniones de trabajo de los funcionarios ante los legisladores son las declaraciones de los representantes populares, respecto a las deficiencias de las dependencias y, sobre todo, las respuestas e informes de aquellos integrantes de la 4T.
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