Se la pasan sonriendo. Cada vez que el mandatario viaja a Yucatán, lo que sucede al menos cada tres meses, evidencia la conexión que tiene con el gobernador del estado.
El caso es atípico en el caso de Andrés Manuel López Obrador, morenista; y Mauricio Vila Dosal, panista. Pero por carisma, por comodidad, o por lo que quieras, las cosas van entre los dos. Ahora viene lo que le faltaba a una entidad que ya volaba: el gas natural.
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila tienen más industria que los estados del sur porque están cerca de Estados Unidos, pero también porque tienen ese hidrocarburo.
No solo sirve para quemarlo y con su calor producir materiales como el acero, el vidrio o el cemento, sino también porque su combustión genera electricidad. Más de la mitad de lo que usan los mexicanos, por cierto. En Yucatán ese recurso es escaso hasta ahora… hasta ahora.
Ayer la CFE, encabezada por Manuel Bartlett, reveló un acuerdo con la francesa Engie, un “acuerdo que permitirá a las partes acordar los términos técnicos y comerciales para la ejecución de una ampliación del gasoducto de Mayakan”. Es un largo tubo de más de 700 kilómetros que une Tabasco con Yucatán, pasando por Campeche.
¿Porque en este momento? Porque es urgente. Dos nuevas plantas de generación eléctrica de ciclo combinado que utilizarán gas fueron anunciadas a principios de año por la CFE; serán construidos por Mitsubishi Power.
Juntos representan una inversión de unos 1.220 millones de dólares que sumarán 1.530 megavatios de capacidad a un estado que hoy requiere unos 900 megavatios.
Estos se sumarán a otros 200 megavatios de capacidad de generación de energía eólica y solar instalada en los últimos cinco años.
Pero la nueva demanda está en camino. Solo la inversión extranjera directa en Yucatán pasó de 66 millones a 515 millones de dólares de 2021 a los primeros nueve meses de 2022, según datos del gobierno federal.
Una señal de lo que vendrá para este estado peninsular es muy cerca de Paseo Montejo, en su salida al puerto de Progreso.
Allí, al norte de Mérida, el gobierno de Estados Unidos construye un enorme consulado que requirió una inversión de 150 millones de dólares, monto equivalente al recientemente inaugurado en Monterrey, por ejemplo.
Los políticos locales hablan de que aunque este nuevo edificio emitirá visas, la infraestructura tiene propósitos mayores.
Yucatán se convierte en un punto estratégico en la relación de seguridad que tiene Norteamérica con Centroamérica.
La cónsul a cargo del proyecto fue Courtney Beale, quien previamente se ocupó de asuntos de seguridad global en la Casa Blanca, en relación directa con el presidente Barack Obama. Hoy es la asistente ejecutiva de Antony Blinken en el Departamento de Estado.
Beale fue reemplazada por la ahora cónsul Dorothy Ngutter, una diplomática que anteriormente se desempeñó como directora de la Sección Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley en la Embajada de los EE. UU. en Islamabad, Pakistán, administrando los programas del sector de seguridad y justicia fronteriza. Conocimientos útiles en la frontera sur y en Quintana Roo, estado impactado por el crimen organizado.
Más allá de la relevancia política estratégica de Yucatán, la ampliación de su puerto Progreso –ya comprometida por la Secretaría de Marina– brindará a México la primera salida peninsular robusta hacia el noreste de Estados Unidos y hacia Europa, lo que en un principio debería convertir esa ubicación en la sede del mayor astillero de América, tras la promesa de la italiana Fincantieri de instalar allí un centro de construcción naval.
Las dos centrales de ciclo combinado y la ampliación del gasoducto acordada entre los mandatarios estatal y federal deberían sumar nuevas oportunidades, a nivel regional.
¿La gran pendiente de sus gobiernos? La nueva postergación de otra infraestructura urgente: la de un drenaje urbano de Mérida que cuida el futuro de la reserva de agua más grande de México.
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