El rechazo ciudadano a las reformas legales impulsadas por el Jefe del Ejecutivo en materia electoral ha sido masivo, expresado en las concentraciones realizadas en gran cantidad de plazas dentro y fuera del territorio nacional.
A pesar de que las reformas legales han sido aprobadas en el Congreso federal, todo indica que aún tendrán que transitar un camino tortuoso para su aplicación y la decisión final la dará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha adquirido nueva fuerza con el nombramiento del presidente Piña y ha demostrado una verdadera independencia.
La amplia participación ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede ser minimizada ni menospreciada, como ha sido alegado en hechos anteriores por la narrativa oficial y, necesariamente, debe incidir en los razonamientos y determinaciones de la Corte.
Fueron evidentes los esfuerzos realizados por el máximo foro del país para desalentar la participación social en los mítines, desde las insistentes críticas al conservadurismo, hasta el recurrente e incomprensible señalamiento de que quienes asistieron lo harían en defensa del superpolicía de Calderón, hoy en prisión en los Estados Unidos.
La respuesta del público a la convocatoria fue más que evidente y, sin duda, memorable. El descontento con las reformas pretendidas es más que elocuente, ordenado y pacífico.
El contenido discursivo de los ponentes alude directa y explícitamente a la intención de apropiación del sistema electoral por parte del actual gobierno para evitar la alternancia y asegurar su continuidad en las elecciones de 2024. Tanto Pagés como Cossío fueron enfáticos y contundentes en estas declaraciones sin dejar a la imaginación del destinatario que, visto el trasfondo, seguramente recibirá como respuesta diatribas y denigraciones en la rueda de prensa diaria.
Un tema reseñable y, por supuesto, de máxima prioridad, es el mensaje del ministro José Ramón Cossío a los ministros de la Corte, quienes han sido objeto de duras críticas desde Palacio Nacional como forma de desvirtuar su imagen e inducir favorables decisiones a las reformas electorales, el llamado plan B, como un llamado a defender su autonomía y tomar sus decisiones con base en la Constitución, dejando de lado las presiones a las que están sometidos.
La pelota, por tanto, está en la cancha de la Suprema Corte donde habrá que determinar la constitucionalidad de las reformas y de qué dependerá sustancialmente el futuro de la democracia en México.
La temperatura política va en aumento, los ánimos se exacerban y el rechazo social se hace evidente de forma activa.
Si la versión dinosaurio 4T no ha muerto, también hay que considerar que el tigre sigue ahí.
El autor es profesor, analista político, consultor en estrategia, seguridad nacional y administración pública.
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