Fuerte calificación pronunciada por el Presidente de México al referirse a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no haber validado su pretensión de trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena. Palabra enunciada sin medir que con su adjetivo peyorativo sigue escalando la violencia declarativa y el potencial incitador a la violencia física. Triste adjetivo con el que se proyecta, exhibe y desnuda al Presidente. La promesa de “sacar el Ejército de las calles” de ese eterno candidato contrastada con las acciones en el poder exhibe la hipocresía de quien prometió, perpetuando así el ciclo de candidatos bocón y gobernantes autoritarios. La confianza en los gobernantes, elemento esencial para conducir un gobierno democrático y aunar esfuerzos, está en su nivel más bajo en el período posterior a la “dictadura perfecta” que tanto daño hizo.
Esta semana comienza formalmente el ciclo de selección del candidato oficial a la Presidencia, con esos usos y costumbres tan populares en la etapa de la dictadura perfecta, con absurdos rituales de simulación que buscan enmascarar y culminar en una designación unipersonal. Siguiendo la tradición de la comedia aristofánica, aparecerán pocos actores fingiendo debatir, con planteamientos imposibles de lograr en la vida real, ciudadanos ilustres ridiculizados y una escena final de jolgorio. Mientras todo esto sucede y se convierte en una obsesión de quienes gobiernan y aspiran a gobernar, la tozuda realidad golpea a millones de familias mexicanas.
Durante el mes de mayo de 2023 se registraron en México un total de 2,660 muertes violentas. En los primeros cinco meses ocurrieron 12.582 homicidios, un promedio de 83 por día. Según Human Rights Watch, desde el inicio de esta administración han desaparecido más de 36.000 personas y los fiscales y la policía rara vez investigan lo sucedido; En respuesta, los familiares de los desaparecidos han formado más de 130 “grupos de búsqueda”. A enero de 2023, solo había 36 personas sentenciadas por desaparición forzada. La cifra negra de delitos es de 93,2%, según Envipe 2022 y según la Encuesta Nacional de Victimización Empresarial, la cifra negra de extorsión en el ámbito empresarial fue de 96,1% en 2021. El costo de todos los delitos para las empresas equivale a 0,4 % del PIB, al que hay que sumar el coste asociado a la corrupción.
La confianza en los políticos, los partidos políticos, la policía, los ministerios públicos y el sistema de justicia penal está por los suelos, según Encuci del Inegi.
La promesa original del Estado de brindar seguridad al adjudicarse el monopolio del uso de la fuerza y la administración de justicia ignorada en los hechos ante una oscilante y absurda estrategia del Gobierno federal, tristemente camuflada por la mayoría de los gobiernos estatales que han renunciado a su autonomía para entregarlo como ofrenda a los pies del Tlatoani temporal.
Los mandatos constitucionales de salud, educación, vivienda, alimentación, derechos humanos, justicia, acceso a la información y tantos otros, así como la seguridad, en la práctica, olvidados. Sólo quedan en discursos vacuos pues no existen políticas públicas efectivas ni el despliegue de los recursos necesarios para revertir el deterioro de estos años, situación grave, considerando que el punto de partida al inicio de esta gestión ya era alarmante.
A pesar del buen desempeño de la economía, los ingresos del erario público federal acumulados al cuarto mes estuvieron 6.2% por debajo de lo esperado, los ingresos petroleros estuvieron 171,858 millones de pesos por debajo de lo proyectado. Hacienda informa que, en consecuencia y con el fin de mantener bajo control las finanzas públicas, “se decidió frenar los gastos programados”. El Gasto Neto Total fue 316.231,3 millones de pesos inferior al previsto originalmente. Dentro de los sobreejercicios se destacan Energía, con 17.893,2 millones de pesos y Marina, con 1.635,0 millones de pesos; y con los subejercicios Bienestar, con 48.643,9 millones de pesos; Turismo, con 42.604,8 millones de pesos; Salud, con 10.261,9 millones de pesos; así como participaciones y aportes a los estados con 31,567.2 millones de pesos y 12,063.1 millones de pesos, respectivamente.
Con el inicio formal, aunque ilegal, de las campañas políticas de los designados como precandidatos oficiales, aumenta el riesgo para el País y se prevé una mayor volatilidad. Esperemos que logren un equilibrio en las presiones del presupuesto federal con objetivos contrapuestos, tales como: Terminar proyectos emblemáticos, mantener a flote proyectos deficitarios, ampliar funciones y presupuestos de las fuerzas armadas, sostener programas clientelistas, aumentar la participación de los Estado en electricidad, exploración e infraestructura ferroviaria y al mismo tiempo mantener un déficit presupuestario del 4% del PIB.
El camino hacia una democracia representativa, anhelada por muchos y temida por otros, debe continuar; los recientes tropiezos no marcan el destino ni el abandono de la aspiración. No estamos condenados como Prometeo a sufrir eternamente, para ello será necesario romper, mediante una participación activa, comprometida y propositiva, las cadenas de la asfixiante partido-ocracia que sólo considera a la sociedad como escenografía cada tres años. Quienes aspiran desde el poder, los partidos y la sociedad a postularse como candidatos deben tener las mismas oportunidades y someterse al mismo escrutinio. No debemos llegar a las próximas elecciones pensando en votar por los menos malos, para ello será necesario ver nuevos perfiles en las papeletas.
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