Mil seiscientas dieciséis páginas respaldan el fallo de los jueces argentinos de condenar a la vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
La presidenta de ese país estalló contra el Poder Judicial de Argentina este jueves, cuando se dieron a conocer los motivos para sancionarla.
La mandataria, durante su gestión, fue “la cabeza de una organización criminal creada por el Estado para beneficiar con contratos millonarios”, un empresario que devolvía parte del dinero a través de otros contratos a empresas de la familia Cristina Kirchner.
Los jueces estiman en unos 500 millones de dólares lo que la líder peronista defraudó al erario de su país.
En diciembre se anunció la sentencia de los magistrados, y este jueves 9 de marzo se hizo público el documento que respalda la sentencia.
Ha quedado desnudo el populismo latinoamericano, que en diciembre salió en bloque a condenar a la justicia argentina por sancionar el robo de dinero público perpetrado por el actual vicepresidente.
Cuando roban no es corrupción.
Han hecho creer que son moralmente superiores y que esta cercanía a la divinidad los exime de responsabilidad.
Y cuando se sorprenden, como fue el caso del exsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Cristina Kirchner, José López, acusan que es una maquinación de la derecha, de los conservadores, de los privilegiados que pierden sus canonjías.
Como se recordará, López fue sorprendido in fraganti cuando escondía bolsas de dólares en un convento. Maldita sea la razón, y sus complots, protestó el “moralmente superior”.
La solidaridad de los presidentes populistas latinoamericanos fue expresada con fuerza, y lograron encubrir el evidente hecho delictivo, con palabras acusatorias contra el poder judicial y los fiscales.
El informe de los magistrados argentinos dice que “la política pública que proclamó su gobierno (de CK), presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, escondió, como un caballo de Troya, el presupuesto imprescindible para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas.
El documento de los magistrados señala que “la magnitud de la empresa criminal aquí investigada implicó una magnífica planificación y sofisticación en la que distintos niveles administrativos actuaron en columnas bajo un mismo fin”: desfalcar las finanzas del Estado que encabezaba.
El Ministro de Gobernación (Gobierno), Eduardo de Pedro, persona del clan de la señora Fernández, respondió el jueves con el siguiente párrafo: “Un día como hoy, 9 de marzo, 9 de marzo de 1956, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu militares firmaron un decreto que proscribía al peronismo como fuerza política y provocó el exilio de Juan Domingo Perón”, fue el elegido por los jueces para prohibir la participación política de Cristina Fernández de Kirchner.
Todas sus fechorías, al ser descubiertas, se cubren de analogías históricas que tienden a sublimar lo que es puro y simple pillaje.
El documento de los magistrados es certero, profesional e implacable:
“La integración de esta organización criminal tuvo como líderes a los expresidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, el ex Subsecretario de Coordinación de Obras Públicas Federales Carlos Santiago Kirchner, el ex Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, el amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes, Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.
Agrega que “para robar fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, eligieron las obras de la vía pública como uno de los medios propicios para obtener dinero del Tesoro Nacional; convirtieron a Lázaro Báez en un empresario de la construcción, a quien enriquecieron a lo largo de 12 años a costa del interés de la sociedad; seleccionaron la provincia de Santa Cruz como el lugar donde, con la colaboración de funcionarios locales, se ejecutaría la matriz de corrupción; y apoderarse ilegítima y deliberadamente de millones de fondos públicos”.
Los abogados del vicepresidente (que actualmente tiene jurisdicción) tienen diez días para apelar la sentencia y enviar el caso a un tribunal de segunda instancia.
Lo mismo puede hacer el empresario Lázaro Báez, que hizo negocios con el clan Fernández Kirchner, pero como no tiene jurisdicción, actualmente se encuentra en prisión, con una condena de 12 años por lavado de dinero de procedencia ilícita.
El empresario Báez se creía intocable, porque hacía negocios fraudulentos con la familia presidencial, de izquierda, protegidos por el aura de populismo que les permite actuar por encima de la ley por ser moralmente superiores.
Doce años por lavado de dinero. Más los que vienen por asociación criminal con los gobernantes.
También hay jueces allí.
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