La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la eliminación de la prisión preventiva informal en México.
La Corte ordena al Estado adecuar su ordenamiento jurídico para adecuarlo a los estándares internacionales.
Además de la prisión preventiva informal, en la sentencia del caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz también se mencionó el arresto domiciliario.
La Corte Interamericana aseguró que el Estado de México es responsable por la violación de diferentes derechos en este caso.
Las autoridades los enviaron a ambos a la cárcel bajo prisión preventiva informal por 17 años y se determinó que sufrieron torturas mientras estuvieron detenidos.
Las violaciones fueron en los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, entre otros.
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar fueron acusados de asesinar a María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, en 2001.
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