A la falta de oferta de turismo accesible se suma la accesibilidad a servicios terciarios derivados de esta actividad, como los seguros de viaje.
Las aseguradoras, cuyo objetivo es proteger la salud y la vida, bajo el marco legal mexicano están sujetas a proteger el bien protegido de estos dos aspectos.
En ese sentido, negar la autorización de un seguro es una violación a los derechos humanos por la negativa a proteger un bien protegido, explicó Cristóbal Sánchez, director general del Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad.
En concreto, para el tema de la póliza para personas con discapacidad, Sánchez considera que uno de los errores de las aseguradoras es su percepción de la discapacidad.
“Las aseguradoras consideran que la discapacidad es una enfermedad, no la ven desde el modelo de derechos humanos que considera las barreras del entorno social y latitudinal”.
Al problema de poder acceder a una póliza, hay que sumar que, en los términos del contrato, también se debe considerar la protección de aparatos como sillas de ruedas y audífonos, entre otros.
La pérdida o rotura de objetos que sean herramientas para que las personas con discapacidad gocen de independencia tampoco se considera en el caso de maltrato por parte de líneas aéreas o servicios turísticos.
Aunque las aseguradoras no tienen pólizas específicas para personas con discapacidad, Sánchez advierte que dentro de los formularios para acceder al seguro es necesario especificar si se vive con alguna discapacidad.
En su experiencia, el director general del Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad comentó que dar a conocer que uno tiene una discapacidad lleva a un proceso de evaluación para determinar si se puede o no acceder a un seguro.
En marzo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que negar una póliza de seguro a personas con discapacidad es una violación a los derechos humanos por parte de las aseguradoras.
No obstante, en caso de denegación del seguro, el solicitante deberá interponer recurso de amparo para acceder al servicio.
“La ley es muy clara pero, en el caso de los seguros para personas con discapacidad, es necesario acudir a este tipo de mecanismos jurisdiccionales para hacer valer tu derecho”, concluyó Sánchez.
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