
En los últimos días se han publicado numerosos artículos criticando la adquisición o “nacionalización”, como la llama el presidente López Obrador, de las 13 centrales eléctricas de Iberdrola por un monto de seis mil millones de dólares. La mayoría de los expertos parecen estar de acuerdo en que el gran beneficiado es la empresa española Iberdrola, mientras que el perdedor es México.
Para la gran mayoría de los analistas, este tipo de transacciones son de suma cero, si alguien gana, el otro pierde. Sin embargo, hay momentos en que ambas partes pueden beneficiarse de una transacción. El problema de suma cero se usa con frecuencia en otras situaciones, por ejemplo, en el tema de la migración. El análisis que hacen es que los migrantes empujan a la baja los salarios, perjudicando a los trabajadores del país. Por supuesto, esto depende de muchas variables y esto es lo que a los analistas antiinmigrantes no les gusta admitir. En general, la migración no es de suma cero, sino positiva.
Volviendo al tema de la compra de las centrales, en mi opinión, no hay suficiente información disponible para determinar si la adquisición fue mala, neutra o buena para el gobierno mexicano, aun suponiendo que fuera beneficiosa para Iberdrola. Financieramente hablando, para determinar si la adquisición es mala, neutra o buena, es necesario conocer muchas variables, entre las que se encuentran la vida útil de los bienes adquiridos, el costo de producción y el precio de venta. Toda esta información no ha sido revelada.
Dado que las plantas están en operación, los ingresos que recibe el gobierno mexicano de los usuarios de energía eléctrica podrían generar flujos positivos de manera constante y predecible. De ahí saldrían los fondos para pagar a Iberdrola. Es decir, lo que ha hecho el gobierno mexicano es una especie de lo que en inglés se llama compra apalancada, compra apalancada. El dinero para el pago no proviene del gobierno. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, seguramente estuvo involucrado en la estrategia de compra. Y si en algo tiene experiencia es en este tipo de transacciones. Durante muchos años, ha sido consultor del sector privado.
AMLO podría hacer algo similar con las empresas que insisten en que México violó el T-MEC. En mi artículo publicado el 29 de agosto de 2022, titulado “Las opciones del USMCA y AMLO”, exploré esta alternativa que podría ayudar al gobierno a reparar su relación con los inversionistas extranjeros. Esta alternativa consistiría en ofrecerles la compra de sus empresas, lo que garantizaría a todos los que realizaron inversiones en infraestructura energética la recuperación de sus inversiones más una rentabilidad.
¿Cómo se determinaría el precio a pagar? Una forma de calcular esto incluiría el valor de la inversión original más una tasa de rendimiento que puede o no ser la que calcularon los accionistas. Todas las empresas que realizaron inversiones en infraestructura energética tendrían garantizado el pago en los próximos 15 a 20 años, según las estimaciones que hicieron cuando decidieron invertir.
Algo similar a lo que se hizo con los inversionistas de los bonos del NAIM, que según tengo entendido los extranjeros quedaron satisfechos; con la gran diferencia que, en el caso de la cancelación del NAIM, no hay flujo positivo de ingresos. Sí, los mexicanos son los que tienen que pagar tanto el capital como los intereses. No hay fuente de reembolso. Una pésima decisión, por cualquier lado se le quiere ver.
En el caso del T-MEC, con esta estrategia terminarían los reclamos y no habría sanción. Todo el mundo feliz.
Las narraciones no tienen por qué ser sólo para vender, como dicen los periodistas serios, es mejor una noticia tardía que una mala. Los análisis incompletos lo único que hacen es darle más fuerza a las narrativas de AMLO.
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