lun. Abr 6th, 2026

“Las buenas intenciones no te dicen nada sobre las verdaderas consecuencias”

Thomas Sowell.

El 19 de abril de 2019, el presidente López Obrador anunció que crearía el Insabi: “Vamos a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que va a atender a quienes no tienen la posibilidad de tener un seguro. Queremos garantizar el derecho a la salud y que al final del gobierno podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos, el derecho a la salud se va a garantizar en la práctica”.

Los legisladores oficialistas eliminaron el Seguro Popular, que el Presidente descalificó diciendo que “no es ni seguro ni popular”. El 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial el decreto que crea la nueva institución que “tendrá por objeto brindar y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos asociados a todas las personas sin seguridad social”. Insabi comenzó a operar el 1 de enero de 2020. El 8 del mismo mes, el Presidente declaró que su intención era “crear un sistema de salud pública gratuita y de primer nivel” con Dinamarca y Noruega como ejemplos a seguir.

La realidad fue exactamente la contraria. Los servicios de salud han sufrido un notable deterioro. Tres años, tres meses y 26 días después del inicio de actividades del Insabi, los mismos diputados de gobierno aprobaron su extinción por vía rápida, sin opinión, sin discusión, tres horas después de presentada la iniciativa.

El diputado morenista, Emmanuel Reyes Carmona, quien presentó formalmente la propuesta, culpó al Covid-19 del fracaso del Insabi. “Lo que nunca tuvimos en cuenta fue la pandemia que azotó a nuestro país”. Olvidó que el propio Presidente dijo que la actuación de México frente a la enfermedad había sido un ejemplo para el mundo. Si la falla del Insabi hubiera sido producto de una circunstancia coyuntural, no hubiera sido necesario matarlo.

Lo cierto es que el Insabi estaba condenado desde el principio. Surgió para reemplazar al Seguro Popular, pero según el especialista Xavier Tello simplemente “se encargó de desaparecer” 100 mil millones de pesos de esa institución. Cuando se legisló su creación, la mayoría gubernamental en el Congreso rechazó realizar un estudio de impacto presupuestario. Además, AMLO designó como director general al tabasqueño Juan Antonio Ferrer, uno de esos políticos sin experiencia elegidos para puestos de responsabilidad por ser amigos del Presidente. La experiencia profesional de Ferrer fue principalmente en la administración de centros arqueológicos.

Es positivo que hoy se reconozca el error, pero la entrega de responsabilidades del Insabi al IMSS-Bienestar, lejos de corregir el problema, lo profundiza. Esta no es una institución hecha para cumplir con las responsabilidades del Insabi o del Seguro Popular. Su funcionamiento, con sólo servicios de medicina general, se ha concentrado en las zonas rurales. Aunque hasta ahora es una institución separada del IMSS, ya comparte una dirección general bajo el mando de Zoé Robledo. El IMSS no es propiedad del Gobierno, sino un instituto autónomo financiado principalmente por las contribuciones de los patrones y trabajadores. Combinarlo con el IMSS-Bienestar puede terminar hundiendolo.

Brindar servicios de salud a quienes no tienen seguridad social es un objetivo justo de política pública. AMLO, sin embargo, prefirió acabar con el Seguro Popular en lugar de corregir sus deficiencias. Encomendar la responsabilidad primero al Insabi y ahora al IMSS-Bienestar solo revela improvisación y falta de voluntad para encontrar una solución de fondo, como empezaba a ser el Seguro Popular.

avalancha

Ha sido una avalancha legislativa ciega. Los diputados oficialistas han aprobado diversas iniciativas con renuncia al papeleo y sin conocer su contenido. El problema es que las malas leyes generan consecuencias negativas.

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