El presidente López Obrador anunció el 4 de abril una importante operación en el mercado eléctrico. Escribió en Twitter: “Hoy el Gobierno de México firmó un acuerdo para comprar a Iberdrola trece plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE”. Y agregó: “Es una nueva nacionalización”. La “compra” asciende a 6 mil millones de dólares.
El Presidente explicó la operación en su sitio web: “Con esto resolvemos a corto y mediano plazo el consumo de energía eléctrica que requiere el País en pleno crecimiento y lo más importante de todo: De esta manera garantizamos que los precios de los consumidores eléctricos energía.
Pero, ¿realmente se están resolviendo las necesidades de consumo del país? La afirmación carece de respaldo. Estas plantas ya están operando; no se va a generar ni un vatio adicional de potencia. ¿Se garantizará que los precios no aumentarán? De nada. Los precios de Iberdrola son más bajos que los de la Comisión Federal de Electricidad, porque sus plantas son más eficientes y porque tienen menos trabajadores. Si estas plantas se incorporan a la CFE con sus reglas, los costos se dispararán. Los precios al público aumentarán, a menos que se apliquen nuevos subsidios, pero el País terminará pagando una factura más alta.
La decisión de Iberdrola es lógica: la empresa ha sido acosada desde el principio por el Gobierno de López Obrador. En lugar de seguir luchando, ha optado por vender 16 plantas (el gobierno dice que compra trece). La mayoría funcionan con gas de ciclo combinado y venden electricidad a la CFE, bajo el régimen de productores independientes de energía, más barata que la que produce. La venta permite a Iberdrola deshacerse de activos que, en todo caso, no podría aprovechar de la forma más eficiente ante un gobierno hostil.
Pese a lo que dice AMLO, la compra no es una “nacionalización”. La adquisición está a cargo de Mexico Infrastructure Partners, una administradora de fondos de inversión privada, que colocará los activos en un fideicomiso. Aunque la información oficial es, como siempre, opaca, en la operación participará el Fonadin, el Fondo Nacional de Infraestructura. El costo de alrededor de 6 mil millones de dólares no aparecerá en el balance público, pero será una deuda más para los mexicanos.
A Iberdrola le conviene vender. El pleito con el gobierno mexicano le está costando caro. La Comisión Reguladora de Energía le impuso una multa, que está en disputa, por 9 mil 145 millones de pesos por el “delito” de vender energía eléctrica a sus clientes. La venta de las plantas permite a Iberdrola liberar recursos, que puede utilizar para reducir costes financieros, dados los elevados tipos de interés, o para invertir en el mercado de las energías renovables, que es su estrategia internacional a largo plazo. Es probable que dirija sus inversiones a Estados Unidos, donde el gobierno está otorgando cuantiosos subsidios a la energía limpia.
Para México, esta falsa nacionalización representa una desinversión en un campo crucial para el desarrollo. En lugar de que la CFE utilice sus pocos recursos para invertir en transmisión, un campo en el que la ley le otorga un monopolio, los está utilizando para comprar activos de generación que ya estaban produciendo. Una vez más el Presidente toma decisiones ideológicas sin entender cómo funciona la economía.
DESINVERSIÓN
La desinversión de Iberdrola es del 87% de sus activos en México, señala a Debate Ulises Juárez de Energía. La compañía vende 8.436 MW de capacidad de generación de gas y 103 MW de energía eólica. Víctor Ramírez C. señala que con los 6.000 millones de dólares Iberdrola podría construir 7,7 GW de nuevos generadores fotovoltaicos. Puedes hacerlo en EEUU y recibir subvenciones.
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