Inmediatamente después del asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, el 20 de junio de 2022, la Iglesia mexicana tomó una posición crítica frente a la estrategia de seguridad del Gobierno que encabeza el presidente López Obrador.
Sólo unos días después, inexplicablemente, la Iglesia dejó de criticar públicamente y guardó silencio. Hasta el día de hoy, existen diversas interpretaciones de lo que pudo haber sucedido. Las autoridades eclesiásticas nunca explicaron su decisión.
Este lunes 3 de abril la Iglesia vuelve a pronunciar una palabra crítica sobre la inseguridad que se vive en el País e invita a un Diálogo Nacional por la paz, que se realizará del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
La convocatoria está firmada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM), la Dimensión Episcopal de los Laicos y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
El encuentro tiene como objetivo “recoger todos los aportes posibles para la paz con justicia y hacer una propuesta viable a nuestras autoridades y al país”, señala el comunicado.
Señala que el asesinato de los jesuitas es un homicidio más y un “caso emblemático de la violencia y descomposición social en que vivimos, ahí encontramos la ceguera de quien se siente todopoderoso con un arma, la corrupción institucional y la impunidad que ha permitido escalar los niveles de criminalidad y la pérdida de sistemas comunitarios capaces de regular comportamientos”.
La Iglesia afirma “que urge revisar el sistema de justicia y seguridad, a pedido de muchas voces calificadas de la sociedad civil, ante la indolencia de las autoridades políticas y la falta de resultados en las estrategias gubernamentales”.
Los convocantes aseguran que la dinámica criminal que hoy impera en el país “pone en riesgo la convivencia social, la democracia, la economía, el medio ambiente y el bienestar en los territorios. Una realidad compleja que requiere una profunda reflexión en un diálogo que incluya a todos los sectores de la sociedad (…)”.
Y aseguran que “es momento de convocar a los especialistas, de conocer las mejores prácticas locales, escuchar a las víctimas, a los indígenas, a los migrantes, tomar en cuenta a quienes han logrado sostener bajos índices de criminalidad en los territorios, los iglesias, ya quienes están participando en los diálogos por la paz y en los foros de justicia y seguridad”.
La Iglesia vuelve a asumir una posición crítica en un país que vive los peores niveles de violencia en al menos las últimas siete décadas, lo que se expresa, entre otras cosas, que en los primeros cuatro años del actual gobierno han sido 140.000 personas asesinado
Habrá que ver la propuesta que surja del Diálogo Nacional por la Paz, en septiembre próximo, y ver también cuál será la reacción de un Presidente y un Gobierno refractarios a la menor crítica y que sostienen, sin tener razón, que su estrategia de seguridad funciona y al país le va muy bien.
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