En abril pasado, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) abrió una investigación sobre el cartel de Sinaloa, con base en la información que obtuvo al infiltrarse en los niveles más altos de su estructura.
Lo que ha hecho la DEA tiene múltiples ángulos de visión y da cuenta contundente de su capacidad y forma de operar.
La DEA, durante al menos seis años, tuvo tres informantes que pertenecían al círculo cercano de los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
Entre 2017 y 2022, los tres entregaron a las autoridades estadounidenses pruebas gráficas, grabaciones, fotografías de lugares y vehículos, localización de cómplices y laboratorios.
Los informantes fueron Miguel Alonso Payán, integrante del grupo de seguridad de Ovidio; Juan Carlos Arce Cabrera, distribuidor de estupefacientes; y un sujeto identificado únicamente con los códigos “NN”, administrador de almacenes de drogas en California.
Los dos primeros eran miembros del cartel y negociaron sus sentencias con la DEA y el tercero, un elemento infiltrado por la DEA en las redes del cartel, por lo que no se reveló su identidad.
La investigación revela que el cártel ahora está liderado por una segunda generación al frente de “Los Chapitos”, los tres hijos de “El Chapo”: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.
Señalan que han construido una empresa moderna, hoy presente en 45 países del mundo, y han perfeccionado el modelo fundado por su padre hace 30 años. Es una estructura eficaz.
Ahora son ellos quienes controlan la producción de fentanilo y su ingreso al mercado de Estados Unidos donde son su mayor proveedor.
El informe de la DEA asegura que “Los Chapitos”, entre 2017 y 2022, enviaron entre 400.000 y 500.000 pastillas de fentanilo a Estados Unidos cada mes.
Con un kilo de precursor, que viene de China y por el que pagan 800 dólares, pueden fabricar hasta 415.000 pastillas o cuatro kilogramos de polvo de fentanilo.
Las pastillas se venden individualmente en lugares como Nueva York por hasta tres dólares. Cada envío representa millones de dólares, una parte regresa a México a través de transferencias en cuentas en paraísos fiscales y criptomonedas.
Y otra se dedica a la compra de inmuebles en Estados Unidos y otros bienes que quedan en el mercado de ese país o ingresan a México, para completar el “lavado” de dinero.
El informe también sostiene que el narcotráfico de tal dimensión es imposible sin la corrupción de las autoridades fronterizas de los dos países.
Más allá de los discursos nacionalistas del Gobierno de México y los desgarros por la “intervención” de Estados Unidos, la DEA seguirá haciendo su trabajo en México.
La verdadera lucha contra el narcotráfico requiere una acción concertada entre el Gobierno de México y Estados Unidos. Requiere voluntad de las partes y una estrategia multidimensional, que ahora no existe.
Rubén Aguilar es doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Iberoamericana. En Internet: www.miscuadernos.com.mx
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