Quienes juzgan el bienestar de un país sólo por el comportamiento de la economía deben sorprenderse del buen desempeño de Nicaragua.
Exporta como nunca y entran dólares e inversiones como nunca en ese país.
Algunos economistas mexicanos que solo ven esa parte de las naciones que analizan seguramente tendrán una alta opinión del presidente vitalicio Daniel Ortega Saavedra.
El periodista Andrés Oppenheimer presentó (hace dos domingos) un programa sobre Nicaragua en CNN, y escribió un artículo en El Nuevo Herald en el que pregunta si Estados Unidos está subsidiando la dictadura sandinista.
Da una serie de datos sólidos para que el lector saque sus conclusiones, y la respuesta es sí. Indudablemente que sí.
Oppenheimer señala que las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos rompieron el techo de 5.700 millones de dólares el año pasado, contra 3.200 millones de dólares en 2017.
Esto significa que el salto del comercio exterior nicaragüense fue del 78 por ciento en sólo seis años.
¿Cuál fue el resorte de esa bonanza del comercio exterior de Nicaragua?
El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA) entró en vigor en abril de 2006, antes de que Daniel Ortega asumiera la presidencia.
Durante el año pasado, las remesas de nicaragüenses en el exterior sumaron 1.400 millones de dólares.
Esa cifra puede parecer pequeña en un país como México, que recibe cinco veces esa cantidad de sus compatriotas en EE. UU.… en un mes. Pero Nicaragua es un país de sólo seis millones 700 mil habitantes.
Alrededor del 76 por ciento de esas remesas provienen de los Estados Unidos. Así es que sólo el dinero que envían los nicaragüenses que viven en EE.UU. representa el 11 por ciento de su PIB.
Ortega, el dictador, mantiene una economía razonablemente bien gracias al país al que acusa de todos los males de Nicaragua, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y el resto del mundo: Estados Unidos.
En los últimos días Nicaragua fue uno de los pocos países que votó en la ONU en contra de condenar a Rusia por la invasión de Ucrania.
El libre comercio con Estados Unidos y las remesas de los nicaragüenses residentes en Estados Unidos hacen dormir tranquilo al dictador.
La administración Biden ha sido tibia con la satrapía de los Ortega (Daniel y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta), con sanciones limitadas a negar visas a 500 funcionarios y sus familias y leves restricciones a la importación de azúcar.
Hay dos razones por las que el gobierno de Estados Unidos se ha abstenido de tomar medidas drásticas contra el régimen dictatorial, señalan los entrevistados en el programa transmitido por CNN: sacar a Nicaragua del CAFTA provocaría una crisis humanitaria en ese país.
Miles perderían sus trabajos y no habría alimentos en vastas regiones del país.
Y el otro factor que frena una acción más decidida para castigar a Ortega es que habría un éxodo aún mayor de nicaragüenses hacia Estados Unidos.
De esta forma, el castigado no sería el gobierno despótico de Nicaragua, sino la administración Biden por el crecimiento de la inmigración ilegal y los consiguientes costos políticos en las próximas elecciones.
Asombrados, ¿economistas liberales solo en economía?
Sí, porque para ellos solo importa un lado de la medalla.
El próximo lunes se dará a conocer oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe elaborado por un grupo de expertos de la organización, que acusa a Ortega y su esposa de “crímenes de lesa humanidad”.
La acusación, de prosperar, llevaría a Daniel Ortega y Rosario Murillo ante una Corte Penal Internacional, cuando dejen el poder o cuando sean destituidos del poder.
Según informes preliminares de agencias internacionales de noticias, el documento que será presentado este lunes identificó “la instrumentalización del derecho penal y del sistema de justicia para enjuiciar, imputar y acusar” a presuntos enemigos, hecho que afectó a políticos, organizaciones no gubernamentales (cerradas 3.144 ), defensores de derechos humanos, periodistas, medios de comunicación, líderes estudiantiles y religiosos.
Lo anterior provocó el exilio de 260.000 ciudadanos para evitar convertirse en presos políticos, razón por la cual la mayoría de los periódicos y organizaciones independientes trasladaron sus sedes al extranjero.
El 34 por ciento de los periodistas abandonaron su oficio.
El informe incluye una lista de abusos del régimen, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, privación de la nacionalidad y tortura.
El Grupo de Expertos precisa en su informe que desde 2018, Ortega-Murillo “convirtió al Estado en un instrumento para perseguir y criminalizar a los críticos… (así como) implementó un plan de destrucción y desmantelamiento democrático para eliminar, por diversas vías, cualquier tipo de oposición”.
Ortega ha sido presidente durante 16 años consecutivos, y en su más reciente reelección encarceló o expatrió a candidatos opositores para ganar sin problemas.
Hace un par de semanas le quitó la nacionalidad y deportó a 222 opositores o críticos.
Sus pertenencias fueron decomisadas y pasaron a manos del Estado, como el emblemático diario La Prensa, propiedad de la familia Chamorro.
¿Te gusta ese régimen?
Para algunos economistas mexicanos, sí.
Y no porque sean simpatizantes del sandinismo o hayan sido “revolucionarios” en algún momento de sus vidas.
“La economía va bien”, dicen.
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