jue. Oct 29th, 2026

A los pocos días se anuncia la disolución de Notimex, el Presidente argumenta en contra de la existencia del Instituto Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información (INAI) y algunos críticos de la 4T exigen el fin del horario matutino. Cada uno de estos tres frentes de confrontación obedece a una lógica propia, pero en conjunto son el reflejo de un fenómeno más amplio: El fin de un esquema que operó durante décadas entre el Gobierno y la sociedad en el ámbito de la información. Y tampoco es algo que sorprenda; las visiones opuestas de la Patria convierten los procesos de formación de opinión pública en un campo de batalla. Un modelo agoniza sin que se acabe consolidando uno nuevo.

El caso de Notimex es quizás el menos importante a efectos del debate informativo, salvo, claro está, para los empleados directamente implicados. Pero es cierto que la noción de una agencia estatal de información comienza a ser anacrónica en sociedades complejas y abiertas, particularmente con la existencia de redes sociales.

Algunas agencias originalmente estatales como AFP y EFE (del Gobierno francés y español, respectivamente), han obtenido una relativa autonomía del Estado por lo que su cobertura no depende del Gobierno de turno. Pero no es el caso de las agencias chinas o rusas, esencialmente instrumentos de propaganda de su gobierno.

Notimex nunca estuvo libre de tales sospechas. Y no es casualidad que la mayor parte de su existencia haya transcurrido como un organismo dependiente del Ministerio del Interior. A pesar de todo, en sus mejores días Notimex cumplió tareas útiles: su red de corresponsales nacionales y extranjeros era más vasta que la de cualquier medio de comunicación. Para periódicos y noticieros era una fuente utilizable excepto para temas explícitamente políticos.

Asumiendo que en estos tiempos la idea de una agencia de información oficial es menos defendible, es lamentable, sin embargo, que haya surgido a raíz de un conflicto laboral, en medio de acusaciones de corrupción e intolerancia. Seguramente Sanjuana Martínez, la directora frente al paro obrero, tiene razón cuando afirma que la institución estuvo plagada de malas prácticas, como también es cierto que a la valiente y apasionada exreportera le faltó experiencia o voluntad para gestionar un conflicto laboral. de tales proporciones.

Mucho más polémico es el caso del INAI. A diferencia de Notimex, el Instituto de Transparencia es un organismo en proceso de maduración; imperfecto pero útil. Forma parte de un esquema más amplio que obliga a la administración pública, por ley, a brindar información sobre sus actividades en base a solicitudes del resto de la sociedad.

Durante estos años ha sido la forma de que los reporteros obtengan respuestas de autoridades empeñadas en desmentirlas o de que los particulares tengan elementos para defender sus esfuerzos. Independientemente de las ideologías o del régimen vigente, es obvio que se trata de instituciones incómodas para cualquier gobierno; autoridades y políticos prefieren operar sin tener que transparentar todas sus acciones.

Sin embargo, la molestia del presidente va más allá. A su juicio, el INAI y otros órganos de rendición de cuentas y equilibrio de poder entre la sociedad y el Estado han servido esencialmente para dar una pátina de credibilidad a un sistema político que, en el fondo, legitimaba la desigualdad social. Mientras nos entreteníamos creando instituciones de tipo europeo, ignoramos las miserias e injusticias propias de África. ¿Cómo es posible hablar de una red de instituciones democráticas que no hicieron nada por mejorar la situación de las mayorías? Y, por otro lado, AMLO está convencido de que ha sido una herramienta utilizada por sus adversarios para entorpecer y golpear a su gobierno.

Seguramente el Presidente no se equivoca, pero eso no significa que el INAI deba desaparecer. Y menos con el argumento de que la Mañanera hace innecesaria cualquier otra instancia de transparencia porque responde a cualquier duda.

Para empezar, la administración pública es demasiado compleja para ser tratada en una sesión diaria; INAI procesa miles de peticiones de personas naturales y jurídicas, muchas de las cuales no tienen acceso a estas conferencias en Palacio Nacional. Y, además, porque las ruedas de prensa del Presidente son menos un mecanismo de rendición de cuentas y más un ejercicio de difusión y propaganda de posiciones oficiales. Tanto es así que él mismo ha dicho que el Gobierno ya no necesita gastar en publicidad porque tiene las mañanas.

Pero aunque fuera cierto, el Presidente tendría que asumir que ese espacio y su estilo remiten a sus peculiaridades personales y es difícil reproducir esas características en los siguientes sexenios. Su responsabilidad como jefe de Estado es dotar a la administración pública de instituciones y leyes permanentes para facilitar la transparencia y el acceso público a los actos de gobierno, independientemente del partido en el poder. El desafío es mejorar el INAI, no desaparecerlo.

Y, respecto a los matutinos, la pretensión de eliminarlos, como piden algunos críticos, es absurda. Los periodistas debimos haberlos aprovechado mejor, porque con todo y sus defectos, es un acto insólito de aparición de un gobernante. Vale la pena cuestionar los dichos del Presidente o las acusaciones que lanza con tanta confianza en sí mismo; pero no el hecho de que exista la posibilidad de tal espacio.

En materia de información, como en tantos campos, el Gobierno de la 4T ha hecho temblar los convencionalismos imperantes. Claramente, el de López Obrador fue un período de transición, en el que todo sucedió casi exclusivamente a través del propio Presidente. Tiempos extraordinarios que, según la lógica de AMLO, lo obligaron a convertirse en su propio vocero para contrarrestar las muchas resistencias y ataques a su proyecto de cambio. Tal vez, pero es necesario institucionalizar tiempos y cambios extraordinarios para consolidarse.

El próximo Gobierno tendrá un importante desafío para construir un nuevo modelo en la relación entre Gobierno y sociedad. Un modelo que depende menos del voluntarismo del soberano, o de la opacidad de los gobiernos anteriores, y más de la necesidad de los gobernados, llámese pueblo o sociedad, de estar informados de los actos de sus autoridades. Por ahora, nos encontramos en las aguas turbulentas de esa transición.

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