En vísperas de la Cumbre de América del Norte, se llevó a cabo un sorpresivo operativo de las Fuerzas Armadas que derivó en la captura del ya célebre personaje señalado en Estados Unidos como uno de los principales introductores del fentanilo en ese país.
El estado de Sinaloa y en particular Culiacán y el pueblo de Jesús María se convirtieron en zona de guerra, con un impresionante balance de sangre y destrucción que, a pesar del alto costo, logró su objetivo de detener a Ovidio Guzmán y recluirlo en un penal de máxima seguridad.
Mucho se ha especulado sobre el significado de la captura y los efectos que tendría en el debilitamiento del cártel de Sinaloa, señalando el hecho tanto como una muestra del esfuerzo que México está realizando contra el crimen organizado, previo a la cumbre, como así como una acción que tiene poco impacto en la estructura criminal.
Y poco, muy poco se ha dedicado a analizar la relevancia de las capacidades demostradas por las organizaciones criminales en un abierto desafío al Estado.
Es evidente que las bandas criminales han ido fortaleciendo sus estructuras, constituyendo una grave amenaza para la seguridad nacional, no solo por la expansión de sus actividades ilícitas (tráfico de drogas, personas y armas, extorsión, lavado de dinero, etc.) sino también por la su capacidad de fuego, movilidad, coordinación, comunicaciones, despliegue y la creciente magnitud de sus integrantes que posibilita el control territorial en amplios espacios y una base social de cobertura por simpatía, corrupción o miedo.
Lo ocurrido en Sinaloa durante los primeros días de 2023 es solo una muestra de lo que está pasando en muchas otras regiones de nuestra geografía. Lo mismo puede ocurrir en cualquier momento en Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Morelos, Guanajuato o Chiapas, donde la diversidad de grupos criminales mantienen el control fáctico y, en muchas ocasiones, reemplazan o subordinan a las autoridades locales.
Cada vez se difunden más actos de propaganda en las redes sociales que dan cuenta del equipamiento de grupos fuertemente armados que muestran una organización y formación similar a la de las fuerzas del orden cuyo propósito es, por supuesto, no estar dispuestos a dar abrazos.
La voluntad de entablar un enfrentamiento armado es evidente, muestra la peligrosidad de la amenaza y el alto riesgo de crecimiento, expansión y actitud de las bandas criminales que obliga a redefinir las políticas hasta ahora diseñadas para su atención y contención antes de que sea demasiado tarde. . .
La experiencia reciente en Sinaloa debe servir como alerta y enseñanza de la realidad que se vive y lo que puede venir en el futuro.
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