El país vive una innegable crisis de violencia. Es cierto que esta crisis no comenzó en esta administración. También es cierto que la espiral violenta no es consecuencia directa de un golpe al avispero del crimen organizado, sino más bien de la metamorfosis de sus incentivos y modelo de negocio. México nunca ha experimentado una paz nórdica en su historia moderna. La violencia ha estado oculta bajo la alfombra del autoritarismo y de nuestra crónica debilidad institucional: siempre ha existido para reemplazar los vacíos estatales. Los vacíos provocados por la incapacidad de la autoridad para gestionar el conflicto, y los vacíos creados por la imposibilidad de someter el monopolio estatal de la fuerza a la razón de legalidad.
La Revolución y su derivación hacia el presidencialismo partidista hegemónico instaló un régimen político, no un Estado efectivo y funcional. Ogro filantrópico con pies de barro. La transición democrática insertó una competencia pluralista en las formas de acceso, distribución y ejercicio del poder para legitimar la autoridad política. Sin embargo, no logró canalizar el nuevo pluralismo de responsabilidad a través de instituciones sólidas, permanentes y estables. Los modelos de seguridad y justicia se reducen a experimentos de seis años. La nostalgia por la narcopaz sigue latente. La disparidad de capacidades imposibilita la respuesta oportuna y relevante de cada organismo gubernamental. El desfibrilador militar, ese aparato excepcional en situaciones críticas, es la terapia prescrita incluso para los estornudos. El país se juega su viabilidad entre dos extremos de la paramilitarización: el del Estado y el de los criminales.
En un contexto generalizado de violencia, presencia criminal y debilidad institucional, la renovación de autoridades electivas implica un riesgo sistémico en un doble sentido: para la libertad y autenticidad del voto, y para la autonomía del poder político. La violencia falsifica las elecciones porque siembra miedo. La ley de la plata o del plomo es el instrumento de captura criminal sobre porciones del Estado. Los delincuentes utilizan la violencia para contener la presión gubernamental, desplazar a los competidores, controlar los mercados, apropiarse de los ingresos legales de la sociedad, pero también para liquidar o silenciar perfiles que les molestan e imponer sobre el terreno a sus propios gestores gubernamentales. . La violencia electoral no son anécdotas del México duro que se disputa salvajemente el poder: es un método, un recurso, de expansión criminal.
Esta forma intencionada de violencia muestra una tendencia creciente y responde a un patrón de comportamiento más o menos predecible. Respecto a la tendencia: en el proceso electoral 2017-2018 fueron asesinados 48 precandidatos o candidatos (Hernández Huerta, CIDE, 2021). Las elecciones intermedias de 2021 dejaron un saldo de 239 incidentes de violencia con 179 víctimas mortales, de las cuales 36 eran candidatos o candidatas (Integralia, 2021). Desde julio de 2023 a febrero de 2024 se han registrado 57 asesinatos de personas potencialmente vinculadas al proceso electoral (DataInt, 2024). Por patrón: los ataques no parecen asociados con la intensidad de la competencia partidaria (Hernández Huerta); Las víctimas son en mayor proporción candidatos a cargos municipales; Existe una correlación positiva entre la presencia del crimen organizado en la entidad o comunidad y la intensidad de los eventos violentos contra los políticos.
Si la tendencia es clara y el patrón predecible, eso no explica por qué no se han adoptado medidas preventivas para contener el fenómeno. Sólo mediante la indolencia, la complicidad o la negación de la realidad se ignora el elefante que el país tiene en la sala. Por cierto, la Sala Superior del Tribunal Electoral ya advirtió sobre este riesgo y vinculó al INE en dos precedentes a celebrar acuerdos de coordinación con autoridades de seguridad pública, generar y difundir mapas de riesgo, crear filtros de investigación sobre infiltración criminal en las campañas y preparar protocolos de actuación de las autoridades para la salvaguarda de personas en zonas de riesgo (SUP-JRC-166/2021 y SUP-JRC-0101-2022).
El INE ha dicho que no les corresponde y sigue incumpliendo las sentencias. La autoridad federal está en su abrazo. Los partidos no exigen una anticipación institucional de la violencia electoral. Pero a nadie se le escapa algo: según estos precedentes, las elecciones pueden ser anuladas por violencia electoral. Si queda algún país, claro.
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