Como ha sucedido en los últimos años, datos que antes habrían sido motivo de profunda preocupación hoy pasan sin consideración. Ante la presencia de temas de mayor impacto mediático, los temas estructurales pasan a un segundo plano.
Solo por eso, debemos detenernos ante la información que recientemente dio a conocer el Inegi en el sentido de que 32 millones 150 mil personas forman parte de la informalidad en nuestro país, lo que sin duda es el mayor registro histórico. Este crecimiento en números se compara con lo dicho por el Sindicato de Comerciantes Ambulantes, que reporta un aumento de 15% en 2022. Obviamente, esta escalada tiene como factor adicional el tiempo de la pandemia, que eliminó empleos formales que han encontrado espacios en la economía informal.
En la narrativa que justifica a cualquiera que luche por su supervivencia generando sus propios medios de trabajo, aun cuando se ubique al margen del sistema, violando leyes o normas de bajo impacto social, hay tigres agazapados. El vínculo con la informalidad no se limita al tráfico de bienes ilegales de todo tipo -robados, caducados, contrabandeados y falsificados, entre otros-, sino que se asocia con redes de narcotráfico, evasión fiscal, explotación laboral de grupos vulnerables y puerta de entrada a otros actividades del crimen organizado.
La informalidad y la piratería se retroalimentan, y los esfuerzos realizados para convertir a los consumidores mediante la modificación de sus normas morales, han perdido eficacia debido a la reducción sistemática del poder adquisitivo de amplios segmentos de la población.
La operación de las vastas redes de puestos semipermanentes en nuestro país alcanza cifras récord que inevitablemente anticipan el crecimiento de la piratería. Este tipo de modelo de negocios opera bajo la lógica de lograr ventajas competitivas asociadas a su naturaleza, tales como el no pago de rentas de espacios -salvo cuotas por “derechos de piso”-, uso de energía eléctrica de la red pública, evasión de impuestos y productos de bajo costo que son falsificados o del mercado gris.
El problema inherente a esta tendencia es su irreversibilidad. Hemos encontrado, a lo largo de los años, que una vez que se construye la red de distribución de bienes ilegales, la demanda del mercado la mantendrá operando de manera sostenible. Se pueden realizar operaciones o embargos, pero si son aislados, la propia red recrea operadores y recursos. Como decía, recuperar metros cuadrados que se cede al mercado informal en una economía como la mexicana es un reto que implica altos costos políticos.
La desaparición de los programas antipiratería, desde hace al menos 10 años, demuestra el abandono de estos objetivos y la falta de rumbo en temas transversales que deberían convocar a los sectores público y privado en una misma causa.
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