Los desaires entre los representantes de los tres poderes de la Unión dieron la nota de la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La celebración debió ser motivo de análisis del marco legal del país porque está deformado, como lo están los objetivos y la ruta del proyecto de nación que alguna vez representó nuestra Carta Magna.
Habrá que abrir la discusión de las deformaciones de nuestra Constitución como uno de los mayores problemas de México; Siendo el marco jurídico-político de la vida del país, se encuentra tan deformado por las casi seiscientas reformas que se le han hecho desde su promulgación, lo que es causa de la incapacidad institucional del Estado para responder a las demandas sociales.
El vaciamiento de la autoridad del Estado tiene como una de sus principales causas la corrupción sistémica, pero también es importante el desdibujamiento del pacto constitucional.
Debe recordarse que toda Constitución Política es eficaz para constituir la nación, siempre que sea el compendio de los objetivos del proyecto nacional, de los derechos de los ciudadanos y de las responsabilidades y atribuciones de los gobernantes.
Nuestra Constitución no ofrece la protección del estado de derecho, ni limita el alcance de las decisiones gubernamentales. Tampoco es una guía para los propósitos nacionales y para el accionar de las instituciones, que se encuentran rebasadas, internamente por la pobreza, la corrupción, la ineptitud y la violencia, y externamente por la cesión de largos tramos de soberanía con los que también se han cedido principios. y se están perdiendo valores, mitos y tradiciones que constituyen la identidad de una nación con la historia.
Los cambios realizados a la Constitución la desvirtuaron gradualmente a favor de intereses específicos. Con perspicacia, Diego Valadés, reconocido constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribió hace años, refiriéndose a las reformas que ha sufrido la Carta Magna, que pasamos de tener una Constitución al servicio del pueblo, a una que convenía al pueblo. gobierno de élite y luego, en el contexto neoliberal, a una Constitución adecuada a la élite económica internacional.
En efecto, durante los últimos 40 años las reformas sirvieron para introducir elementos del “Consenso de Washington” (desincorporación de empresas, desregulación comercial, desprotección frente al comercio exterior) y para consignar la desinversión de empresas públicas y bancos a través de arreglos con intereses privados.
La Constitución no se actualizó en esos años de acuerdo a sus propios principios sino a los planes de integración, como furgón de cola, a la economía política global y de Estados Unidos en particular.
Por adaptaciones sin principios propios a exigencias ajenas al ordenamiento jurídico, al sistema político y a la vida cultural del país, la Constitución dejó de ser la expresión jurídico-política de la unidad social y la identificación colectiva de fines a alcanzar que nos son comunes.
El pasado 5 de febrero también se perdió la oportunidad de abrir el debate sobre las reformas impulsadas por la 4T, para esclarecer si realmente constituyen una nueva forma de recuperar un proyecto nacional genuino, personal, significativo, convocante y conmovedor de ilusión social, o no. .
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