Periodista mexicana especializada en asuntos internacionales.
Morena es el aparato de López Obrador para orquestar y definir sus objetivos. Lo que sale de Morena es propiedad del presidente, no importa si son gobernadores, legisladores, secretarios, ministros, comisionados o asesores. Todos deben obedecer, sin ningún tipo de análisis o consenso de por medio, y mucho menos críticas, de lo contrario, serán expulsados del paraíso llamado 4T.
Cierto es que algunas y algunos, que se iniciaron en el gobierno de AMLO, se han revelado por no seguir, al pie de la letra, los deseos del inquilino de Palacio Nacional. Cuatro años después, la lista de desertores o exiliados es extensa, por lo que ahora reciben dardos envenenados, lanzados por la mañana.
Lo ocurrido entre la noche del viernes 28 y la madrugada del sábado 29 de abril refleja esa subordinación ciega, cuando Morena y sus aliados aprobaron 20 reformas y leyes secundarias, a lo que la oposición calificó como la “noche negra”, y que significó uno de los procesos menos democráticos dentro de una democracia. Las normas legislativas y la ética fueron manipuladas descaradamente por orden de López Obrador, y así utilizar este poder para satisfacer sus intereses personales.
López Obrador es experto en desbaratar instituciones para imponer sus propias leyes. Recordemos el plantón del 30 de junio de 2006 y luego, el 20 de noviembre, su autoproclamada presidencia legítima. Todo esto, saltándose las resoluciones que habían dictado instituciones electorales como el IFE, el Tribunal Electoral e incluso la SCJN. Ahora que tiene el poder real en sus manos, y a menos de dos años de finalizar su mandato, se encuentra en una carrera contrarreloj para cambiar, desarticular o eliminar, lo que considere necesario, sin necesidad de consultar a nadie y sin evaluar realmente los resultados, a favor o en contra, para la sociedad mexicana.
Los antecedentes en la aprobación vía rápidade esas veinte leyes trasciende, pues van desde el llamado “3 de 3”, por una vida libre de violencia, la reducción de la edad a 18 años para ser diputado, hasta la creación de la línea aérea militar, la desaparición de el Insabi, la Ley de Minería, la desaparición de la Financiera Rural o la Ley General de Turismo.
Si la sesión se hubiera realizado como lo exige la ley, varios de estos cambios habrían recibido la aprobación unánime del oficialismo y la oposición, por ejemplo, el mencionado “3 de 3”, o la Ley General de Cambio Climático, incluida la Ley General Movilidad y Seguridad Civil. Pero no otro puñado de leyes, como aquellas donde asoma el hedor de la esencia continua de militarizar nuestra cotidianidad. Las Fuerzas Armadas fueron una vez más una de las ganadoras de este fallido amarre legislativo.
Sus leyes siguen militarizando las instituciones, lo que no solo es imperdonable para un demócrata, sino que contradice las promesas originales de un hombre que alguna vez se autodenominó izquierdista. También muestra que busca centralizar la toma de decisiones, lo que representa una amenaza para dar certidumbre a los grupos minoritarios, a las ideas diversas y diferentes, a la construcción de una sociedad abierta y tolerante, inclusiva y alternativa. Es evidente que quieren imponer una sola forma de pensar, entender e interpretar la realidad política y pública de México.
El presidente anhela cambiar por cambiar, sin debate ni consenso y basado en su único criterio del bien y del mal. Para ello se ha preparado para violar los procesos. Ahora, la SCJN los espera, no porque esté alineada con la oposición o sea conservadora, simplemente porque en un estado de derecho, así se arreglan las anomalías.
Un verdadero cambio en la sociedad depende del fortalecimiento de las instituciones. Si estos necesitan ser transformados, entonces deben ser consensuados con sectores heterogéneos que verdaderamente representen la diversidad de la sociedad, tales como académicos, intelectuales, especialistas en políticas públicas, y no solo los representantes de los partidos políticos, mucho menos de uno dominante. que ha sabido reciclar a muchos líderes de dudosa procedencia, del pasado, afines a antiguos regímenes.
Al presidente le cuesta asumir una República de instituciones, lo que le gusta es el gobierno de un solo hombre, y esa visión en el siglo XXI no va con los cambios que se requieren. El receso en el Senado en esa “noche negra” estuvo precedido por otra orden del titular del Ejecutivo para que sus legisladores no votaran por los comisionados desaparecidos en el INAI, institución clave para la transparencia. Incluso pidió desaparecerlo.
Pero no olvidemos que el INAI brindó información sobre lo ocurrido con la “Estafa Maestra” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A partir de este caso de corrupción lo utilizó en su campaña como una de sus principales banderas narrativas para supuestamente encarcelar a expresidentes.
Por eso, ahora no se entiende por qué quiere eliminar el INAI. El malpensado asumirá que es porque no quiere que su gobierno sea transparente ni investigue, y menos a las Fuerzas Armadas que gozan de un poder creciente y se benefician más de las leyes aprobadas el pasado fin de semana.
Afortunadamente, la sociedad mexicana obligó a los políticos del pasado a construir instituciones. Ahora, seguramente no permitirá que los quiten tan fácilmente, ya que atentaría mucho contra el futuro democrático del país, pero también contra su voz y su voto. Para ello, los ministros de la SCJN, varios de ellos designados por López Obrador, serán los encargados de preservar la institucionalidad de México… veremos qué concluye, el tiempo sabio.
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